El proyecto de descentralización de las secretarías de Estado, planteado por el próximo gobierno federal, se volvería uno de los más caros en la historia de la administración pública del país, con un costo estimado de 125 mil millones de pesos.
A ello se suman más dos mil millones de pesos que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos, con lo que "el costo de esta operación sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018", expuso la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La cúpula del sector patronal mexicano hizo un llamado a la próxima administración federal a analizar con “rigor técnico” la viabilidad del plan para mudar las 31 dependencias federales, a fin de tomar la decisión que mejor convenga al país.
"Hemos dicho que apoyaremos decididamente las medidas de austeridad republicana (...), pero esta iniciativa parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal y podrían incluso neutralizar los ahorros", acentuó.
A través de un comunicado, la Coparmex señaló que con el proyecto de cambio de sede de las dependencias se enfrentan importantes retos, por lo que "una decisión tan trascendental para el país no se debe adoptar sin justificación plena y planeación rigurosa".
Se ha invocado que con la reubicación de las dependencias federales se impulsará descentralización y se apoyará desarrollo regional. ¿Y los costos? Sobre ello, la #SeñalCoparmex https://t.co/NJ81SzEFZJ pic.twitter.com/dayyL4pwb4
— Coparmex Nacional (@Coparmex) 10 de septiembre de 2018
De acuerdo con el organismo, el proceso de traslado podría tardar más de seis años, siempre y cuando se ejecute con un análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales y el traslado ordenado del personal de base, con respeto a sus derechos.
La Coparmex indicó que se tienen otros desafíos como la selección de los inmuebles que albergarán a las dependencias reubicadas y, de ser necesario, se debe definir con responsabilidad financiera y transparencia el cómo se llevará a cabo su adquisición o arrendamiento.
