De acuerdo con el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, Marcos Theurel Cotero, los cargos asignados a los directores de Obras Públicas Delegacionales fueron repartidos como cuotas políticas y ninguno de ellos tuvo que cumplir con los requisitos de ley, pese a que esto podría poner en riesgo a la población.
Afirmó que el 50 por ciento de los directores de Obras Públicas no acreditan los conocimientos de construcción, pues no son ingenieros ni arquitectos.
Durante una entrevista para Notimex, Theurel Cotero manifestó que lo más grave es que el 38 por ciento de los directores solamente acreditan sus estudios hastas el nivel preparatoria, es decir seis de 16, mientras que dos son abogados y sólo el 50 por ciento cuenta con títulos y cédulas profesionales.
De acuerdo con los análisis realizados después del sismo del 19 de septiembre, el riesgo de colapso de los edificios ubicados en las delegaciones donde los directores de Obras Públicas no cuentan con estudios fue 2.5 veces mayor, que en las demarcaciones donde los directores de Obras son ingenieros o arquitectos.
En las delegaciones donde los directores de Obras Públicas solamente estudiaron la prepa se concentra el 71 por ciento de los edificios colapsados (27 de 38).
Entre los directores de Obras Públicas que apenas tienen preparatoria mencionó a los de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Magdalena Contreras.
En la delegación Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez, ya fue cesado; en tanto que el encargado de la delegación Cuauhtémoc, Humberto Chavarría Echartea, aparece en la página de Internet de la demarcación con su currículum en blanco.
Juan Gabriel Corchado, diputado local de Nueva Alianza, también exhibió que justo después del sismo, el Sistema de Información Geográfica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que permite conocer los usos de suelo y los trámites, además del listado de Directores Responsables de Obra (DRO) se haya caído.
Por su parte, el asambleísta del PRD, Luis Alberto Chávez, sugirió incrementar sanciones a los directores de obra, así como a los propietarios de inmuebles cuando no cumplan con sus obligaciones.
La propuesta señala reformar el artículo 329 Bis del Código Penal para la Ciudad de México, para sancionarlos hasta con 10 años de prisión en caso de que autorice u otorgue permisos para desarrollar una construcción, así como la suspensión de licencia.
