Cámaras de seguridad de Tecalitlán no servían cuando “levantaron” a los italianos

A modo de dar con el paradero de los tres ciudadanos italianos que se encuentran desaparecidos desde el pasado 31 de enero, autoridades se han dado a la tarea de revisar las cámaras de videoviligancia de la zona; sin embargo, ninguna estaba en función el día del incidente.

De acuerdo a las declaraciones, los originarios de Nápoles, Italia, fueron vistos con vida por última vez en una gasolinera ubicada en el municipio de Tecalitlán, Jalisco, cuando fueron “levantados”. No obstante, las cámaras del lugar se estaban en reparación, al igual que las que se encuentran en los comercios cercanos, situación que complica seguir con la investigación y, por ende, confirmar la participación de miembros policiacos en la desaparición de los extranjeros.

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Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dio a conocer que trabajan en 49 quejas relacionadas con desaparición forzada, entre las que se encuentra la de los napolitanos.

Del mismo modo, lamentó lo ocurrido con Raffaele Russo, de 60 años; Antonio Russo, de 25; y Vicenzo Cimmino de 29 años, quienes dijo, han sido revictimizados por las autoridades estatales al relacionarlos con actividades ilícitas.

Raffaele Russo llegó a México en septiembre de 2017 y, de acuerdo a sus familiares, se dedicaba a revender chamarras y perfumes que ofrecía en un puesto ubicado en la calle. Antes de llegar a Jalisco, radicó en Cancún, Quintana Roo, para después llegar a Ciudad Guzmán, Jalisco. Al tratar de dar con más información sobre su persona, autoridades dijeron que Raffaele contaba con antecedentes penales por el delito de fraude y cohecho en Campeche.

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Durante su estancia en Ciudad del Carmen, se le acusó de vender facturas falsas y maquinaria de origen chino que contenía el logotipo de la marca Carterpillar. Estos, fueron vendidos a empresarios de la industria de la construcción, quienes al saberse víctimas del engaño, presentaron la denuncia correspondiente.

Raffaele Ruso permaneció preso en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de San Francisco Kobén, tras haber intentado sobornar a policías ministeriales de la entidad a fin de evitar su arresto.