Ciudad de México.- Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la estrategia del gobierno federal con respecto a los centros de reinserción privados (CPS) por contrato de prestación de servicios, al asegurar que las autoridades han cerrado cinco sitios de este tipo porque les resultan costosos.
Con base en un pronunciamiento de la ONG Asilegal que llegó a la redacción de Diario de México, se informa que durante los últimos dos años los centros federales de reinserción social perjudicados son los más grandes del país: Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros.
El boletín refiere que su cancelación “parecen atender a un foco del que el gobierno federal no ha querido bajar el dedo del renglón: se necesitan ocupar los CPS pues se están pagando extraorbitantes cantidades de dinero público para su operación y uso, cuando hay pocas personas privadas de libertad dentro de ellos”.
Si bien el texto reconoce que en la matutina de ayer se detalló adecuadamente que los CPS creados durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), bajo la supervisión de Genaro García Luna, les fueron otorgaron contratos con 20 años de duración. Hasta este 2021, es decir, a 9 años de su privatización, mantenerlos activos ha representado un costo de 75 mil 661 millones de pesos.
“Para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, restaría un pago de 190 mil 638 millones de pesos, es decir, un total general de 266 mil 300 millones de pesos por 20 años”, se lee en la misiva.
Los CPS no son hoteles de lujo. Nos preocupa que la atención se desvíe de lo que realmente pasa en las prisiones: tortura sistemática, abuso de prisión preventiva, reincidencia delictiva, violencia sexual, hacinamiento, autogobierno....https://t.co/MGLtV7ZNHR pic.twitter.com/otqNIpcLYq
— Asilegal (@AsilegalMx) January 14, 2021
Asilegal explica que esos lugares se han mantenido al margen de sus capacidades, tanto de cantidad de personas como servicios presentados, por lo que se han llevado a cabo más de 3 mil 500 traslados de personas privadas de libertad de diferentes centros del país hacia ellos.
“Reconocemos la intención del gobierno federal de hacer pública la información sobre los contratos millonarios hechos para construir y operar los CPS, después de 9 años en la opacidad. No obstante, el peligro de señalar estos centros como 'hoteles de lujo', lleva a desviar la conversación de la realidad del sistema penitenciario”, apunta el informe.
IMCM
