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Por Vanessa Arriaga

Puebla.- El 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, Puebla, hubo un enfrentamiento entre huachicoleros, militares y servidores públicos por la sustracción ilegal de hidrocarburos. En éste, 10 personas murieron, de las cuales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunció –a través de un comunicado- que dos fueron realizadas de manera arbitraria.

Aquel día, murieron 10 personas –seis civiles y cuatro militares-; 26 resultaron lesionadas –14   civiles y 12 militares- y  13 más fueron detenidas - nueve adultos y cuatro menores de edad-, tras una investigación del acontecimiento, la CNDH emitió una denuncia de violaciones graves a los derechos humanos de los involucrados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP), la Fiscalía del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

“Derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia; a la verdad; a la vida; a la integridad personal; a la legalidad y seguridad jurídica; al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia” son las trasgresiones que encontró la organización.

Especificó que hubo dos ejecuciones arbitrarias y trato cruel contra los pobladores, incluidos tres menores de edad, así como la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas.

La CNDH destacó que, gracias a los videos, lograron identificar a uno de los militares que le disparó en la cabeza a una persona pese a que ya estaba inmovilizada en el suelo; respecto al otro ejecutado, emitieron que su agresor sigue sin ser reconocido.

Derivado de los anterior, el organismo solicitó a la PGR las carpetas de la investigación, pero ésta se negó, lo que es un claro indicio de la “falta de colaboración de dicha instancia (…) en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

Entre otros factores, está el de la impunidad imperante en la sustracción ilegal de hidrocarburos, la comisión enfatizó que las personas detenidas no fueron llevadas ante la autoridad competente y que, cuando iniciaron las indagaciones correspondientes, no se judicializaron los casos, lo que provoca que no sean sujetas al proceso necesario.

“Es imperativo que el personal ministerial estatal y federal practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos, y ejercitar la acción penal en su contra con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad”.

Por lo anterior, la CNDH emitió una recomendación al titular de la SEDENA y al Gobernador de Puebla para reparar integralmente el daño a las víctimas a partir de indemnizaciones, asistencia médica y psicológica; así como colaboraciones en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal de seguridad involucrado.

¿Qué pasó en Palmarito aquel 3 de mayo?

Aquella noche estuvo llena de incertidumbre, respecto a lo acontecido, hay tres versiones, la oficial, la de las cámaras de seguridad y la de los pobladores.

La Sedena insistió en que recibieron una llamada anónima para denunciar el robo de hidrocarburos en Palmarito, pero cuando arribaron al lugar, fueron recibidos con disparos, lo que dejó un saldo de dos militares muertos; más tarde, hubo otro enfrentamiento con los pobladores lo que resultó en el número de víctimas, lesionados y detenidos que conocemos.

Sin embargo, los pobladores denunciaron que las autoridades arribaron al lugar y detuvieron a un hombre de manera violenta, como respuesta éste disparó, a lo que un militar más contestó con un balazo en la cabeza que le quitó la vida al poblador. Después de eso, otro automóvil llegó y aseguró a diversas personas, entre ellas un vendedor de cebollas al que asesinaron a sangre fría.

Ambas versiones tienen discrepancias, por lo que la mayoría se inclinó por las pruebas irrefutables que eran los vídeos de las cámaras de seguridad. En éstos, se muestra que no hubo tal emboscada por parte de los habitantes, sino que fue el convoy militar el que interceptó una camioneta en la que iban los presuntos huachicoleros.

Pero sí hubo un intercambio de balas entre los habitantes y los militares, así como las dos ejecuciones que la CNDH destaca como arbitrarias; la primera fue de un hombre que abrió fuego contra un militar; la segunda, el chofer de una camioneta que resultó herido y le dieron el “tiro de gracia”.

Todo ello ocurrió entre las 20:26 y las 20:44 horas. Además, alrededor de las 22:00 horas, se observa en los videos cómo los militares “limpian” la escena, toman fotografías e intentan retirar las cámaras de vigilancia.

A un año de los acontecimientos, aún persisten muchas dudas al respecto ya que cada quien defiende su versión de los hechos; pero lo más agravante es la impunidad y que el caso haya quedado prácticamente cerrado.

 

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