El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, tendrá el control de los colegios privados del estado, luego de aprobar una nueva ley de educación que permitirá al ejecutivo regular cuotas, imponer multas y que sus bienes puedan ser considerados parte del sistema educativo estatal.

La iniciativa de ley fue enviada al Congreso del Estado y aprobada el pasado 15 de mayo con 26 votos a favor, nueve en contra y cinco abstenciones.

Esta nueva ley tiene como objetivo adecuar el marco jurídico estatal, de acuerdo con la LX Legislatura, y así garantizar el acceso a la educación de excelencia.

Dentro de las facultades que esta ley da al gobernador destacan las políticas más duras al incorporar inmuebles, sanciones de entre 440 mil y 870 mil pesos ante posibles actos arbitrarios como retención de documentos y la negativa de brindar educación, siempre y cuando los padres de familia soliciten la intervención.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Puebla podrá regular también los nombres tanto de escuelas privadas como las públicas, prohibiendo el uso de nombres de servidores públicos o representantes populares en funciones.

En cuanto a la educación superior, la ley obligará a las universidades a cooperar con auditorías y en caso de hallar que se utilizan recursos públicos para fines no educativos, se impondrán las responsabilidades correspondientes.

¿Qué dicen los colegios privados al respecto?

Cuando se lanzó la iniciativa de ley, el diputado Hugo Alejo Domínguez aseguró que la ley era producto del diálogo consensado entre legisladores, especialistas y varios sectores de la educación , pero son las mismas autoridades educativas quienes han mostrado su descontento:

José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, manifestó que el gobierno no dio oídos a las propuestas con las que el Consorcio Universitario y la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior buscaron participar.

Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla calificó la nueva ley como un ataque al sistema privado de educación y consideró que se trata de un ‘espíritu intervencionista’.

A este desacuerdo se unió la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, quien analiza interponer un amparo, a nombre de las 25 instituciones que están afiliadas a él.

Al respecto, el gobernador lanzó algunos mensajes en su cuenta de Twitter aclarando los puntos que más desataron la polémica:

Por último, pidió a las escuelas privadas a mirar por la educación y no por sus intereses económicos.

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