Por Patricia Guillén
@patito1811
Habitantes de las colonias Hipódromo y Roma Condesa evidenciaron que hay aproximadamente 27 inmuebles en construcción que trabajan de manera irregular, pues violan normas ambientales y de desarrollos urbanos.
Del “Cartel Inmobiliario”, como lo llamaron los vecinos, hay 15 obras que actualmente se llevan a cabo en la Roma- Condesa y 12 en Hipódromo, en la delegación Cuauhtémoc.
“De repente caminamos por las calles y escuchamos los martillazos. Por eso ahora ya estamos organizados, si alguien escucha un martillazo debe avisar. También hay obras que están clausuradas y aún así siguen trabajando, hay inmuebles que necesitan demolición de pisos”, dijo Mario Rodríguez, vecino de la Roma III.
Rafael Guarneros, integrante de la Asociación de Residentes Hipódromo, dijo que “la depredación del suelo está acelerando el colapso urbano” y por ende la escasez de agua, vialidades congestionadas, transporte público insuficiente de mala calidad y hacinamiento poblacional”.
Además de “mala calidad del aire, incremento de las enfermedades respiratorias crónicas, aumento del tiempo ocupado por las personas para desplazarse por la ciudad, la perdida anual de 250 hectáreas por deforestación y continuos cortes de energía eléctrica por la demanda”.
Durante la conferencia “Las redes de corrupción sembraron impunidad en el reglamento de construcciones”, los colonos acusaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de simular la sanción del Director de Obra Responsable (DRO) de la obra en calle de Amores 827, Jorge Arturo Palacios Artega, DRO-0521, pues actualmente sigue vigente su registro pese a que violó la zonificación de uso de suelo al edificar tres niveles más de los permitidos.
Entre las obras irregulares, los habitantes mencionaron el helipuerto en Nuevo León 238, la torre en Baja California 370, además de construcciones y demoliciones de lugares que son considerados Patrimonio Histórico, como en Zacatecas136, 163 y 194, Chihuahua 80, Guanajuato 168 y Mérida 169.
También acusaron la violación a los sellos de clausura, pues sólo los rompen y continúan las labores.
“Gracias a los vecinos es que se conocen las irregularidades, porque las autoridades no abren la boca, la mayoría de las inmobiliarias dan por hecho de que no pasa nada y pasan por la libre. Sabemos que se le paga a alguien de la delegación una cooperación de entre 40 mil a 120 mil pesos mensuales para que no les clausuren, eso lo saben los arquitectos y vecinos, la delegación es intermediaria”, acusaron.
