Por Patricia Guillén
Habitantes de la colonia Ejército Constitucionalista, así como catedráticos y empleados administrativos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Oriente, solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México y a la delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano, detener las obras que se llevan a cabo en Periférico Oriente 2145, donde la constructora Jesar busca edificar una plaza comercial sin acreditar la propiedad, además de que en más de dos ocasiones han violado los sellos de clausura.
Los académicos del CCH Oriente, Raúl Álvarez y Rosa María González, aseguraron que el gobierno capitalino le otorgó un Permiso Temporal Revocable a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2011 para habilitar dicho terreno como vivero. Sin embargo, después aparecieron supuestos dueños que no han podido acreditarlo.
Héctor Valencia, catedrático, refirió que en abril de 2016 iniciaron los trabajos, motivo por el cual la Dirección de la escuela y el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, pidieron a Iztapalapa informara al centro educativo sobre el proyecto, estudios de impacto ambiental, movilidad, abasto de agua y permisos; no obstante, hasta la fecha no han sido presentados.
Debido a que la empresa no dio la documentación, en diciembre pasado las obras fueron suspendidas y fue en febrero de 2017 clausurada de manera definitiva, pero en marzo rompió los sellos y continúan.
El CCH demanda la intervención de las autoridades, además de que advirtieron que con la edificación “se pone en riesgo la seguridad”.
“Tratamos de ser responsables de los estudiantes y sabemos que esas obras tendrán implicaciones en el consumo de alcohol y drogas; sabemos que siempre se violan los reglamentos. Luego de que la inseguridad en la zona se disparará aún más, la falta de movilidad será caótica, y se escaseará el agua ya que construyen también una cisterna de mucha capacidad “, acusaron.
En conferencia de prensa, en donde también estuvieron presentes las diputadas Aleida Alavez y María Eugenia Lozano, anunciaron un punto de acuerdo para exhortar a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para que acrediten el inmueble y que el Sistema de Aguas revise los posibles daños que pueden ocasionar a su infraestructura subterránea, así como su factibilidad.
Además pidieron a la delegación Iztapalapa a que ordene la demolición, para evitar otra tragedia como la de Álvaro Obregón, por falta de supervisión y para resguardar la integridad de los albañiles.
