EFE

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por segunda vez una ley para que ningún funcionario federal cobre más que el Presidente de la República, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbará un intento anterior.

Cabe recordar que el máximo tribunal del país declaró inconstitucional en mayo de 2019 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada a finales de 2018, que ya obligaba a que ningún funcionario cobrara más que el Presidente, y ofreció un periodo (ampliado y retrasado por la pandemia) a los legisladores para modificarla.

El argumento principal de la Corte fue que la primera ley no establecía los parámetros para calcular la retribución del mandatario y, por tanto, una modificación arbitraria de ésta podría resultar en un perjuicio para otros funcionarios.

El nuevo texto, promovido por los legisladores de Morena y aprobado en lo particular y en lo general con 287 votos a favor, 57 en contra y 4o abstenciones, establece dos indicadores para calcular un salario del presidente "acorde con la economía del país": la media de los tres últimos años del PIB per cápita, que servirá como referencia, y el salario mínimo general.

Por debajo de la figura del Presidente, la ley instaura nueve categorías de funcionarios ordenados de forma jerárquica.

Si ocurre "una caída o un incremento importante en el valor de dicho indicador", el Presidente podría sufrir una disminución en la multiplicación del PIB per cápita de referencia.

FALTA AVAL DEL SENADO

Este nuevo sistema, que ahora debe aprobar el Senado, afectará a todos los funcionarios públicos federales, entre los que se encuentran los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, tribunales administrativos, la Fiscalía General, la Presidencia y otros organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Varios senadores de la oposición ya se opusieron a esta ley tras su primera aprobación, antes de ser declarada inconstitucional, alegando que violaba la separación de poderes al tratar de "cooptar y someter" al poder judicial con ese recorte de sueldos.

El ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, también declaró en el pasado que la seguridad, estabilidad y remuneraciones dignas "no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable".

IMCM

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