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Por Vanessa Arriaga

Washington.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que en los servicios forenses de México hay más de 26 mil cuerpos sin identificar, lo cual amerita atender de emergencia este tipo de casos.

En la audiencia pública de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que se celebró en Washington, Estados Unidos, con motivo de la ocultación de 37 personas por elementos de la Marina, el funcionario reconoció la crisis humanitaria a la que se enfrenta el país, pues el aumento de los casos de desaparición forzada arrojan “cifras indignantes”.

“México atraviesa una profunda crisis de violaciones a los derechos humanos y tenemos que encararla en muchos ámbitos de la vida nacional”.

Aseveró que harán todo lo posible por esclarecer estos casos y castigar a los responsables, independientemente de si pertenecen o no a una institución por ser servidores públicos.

“Si realmente queremos fortalecer al Estado Mexicano y a sus instituciones, tiene que terminarse la impunidad y, si algo las ha debilitado, ha sido el encubrimiento de agentes del Estado que han incurrido en delitos, dañando a la población civil”, sentenció Encinas Rodríguez.

En México hay datos alarmantes de violencia, cerca de 38 mil personas están desaparecidas; se han encontrado dos mil fosas clandestinas en los últimos 12 años, de las cuales, alrededor de mil 100 no han sido exhumadas para identificar a las personas, señaló el subsecretario.

“De esta magnitud es el problema. No va a ser simulando o negando su existencia como se va a atender y resolver”.

Por otro lado, Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, –lugar donde se dio el caso de la desaparición de los 37 individuos– expuso que hay evidencias suficientes para demostrar la responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas.

Exigió que se haga una investigación diligente de los hechos y se localice a las víctimas; también pidieron el cese de la criminalización de las autoridades contra los familiares y defensores de los derechos humanos.

 

Reconocen intención de resolver caso Ayotzinapa

Luis Ernesto Vargas, comisionado de la CIDH para el caso Iguala, indicó que la manera en la cual inició el nuevo gobierno respecto a la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fue acertada, ya que muestra la intención de descubrir la verdad.

“A mí me agradaría muchísimo que los gobiernos de la región se comprometieran de la manera tan franca, tan honesta, tan vertical, como lo ha hecho el nuevo gobierno mexicano para ayudarnos en la solución de esta pavorosa tragedia”, añadió el también relator de Derechos de los Migrantes.

Mientras que la presidenta de la comisión, Margarette May Macaulay, aplaudió la posición que ha tomado la nueva administración mexicana en este tipo de sucesos y dijo que están dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario.

“Es una muestra de voluntad política y da esperanza a futuro. Ojalá otros estados copien este ejemplo”.

Por otro lado, Alejandro Encinas declaró en entrevista con WRadio que revisarán las líneas de investigación omitidas para esclarecer el caso, ya que se trató de una violación grave en la cual, claramente, participó el Estado.

Destacó que tomarán en cuenta las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el acontecimiento en septiembre de 2014.

El subsecretario de Derechos Humanos, explicó que la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, misma que ya fue decretada, estará integrada por los familiares de las víctimas, expertos y funcionarios gubernamentales.

 

 

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