En México no se realizan investigaciones efectivas contra asesinato de periodistas

Diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación expresaron su preocupación por el agotamiento de los recursos económicos del Fideicomiso Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente resguarda a 509 integrantes de estos gremios a nivel nacion.

Patricia Conchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), estimó que los recursos financieros se agotarán entre septiembre y octubre próximos; sin embargo, de seguir en aumento la tendencia de las solicitudes de protección a más periodistas y defensores de derechos humanos, los fondos se terminarán antes de esa fecha. 

Atribuyó la falta de castigos a los asesinos de periodistas al sistema de justicia que prevalece en México y la carencia de investigaciones efectivas, tal y como ocurre en otros delitos como la trata de personas y tortura. Además, admitió, existe colusión de autoridades.

Con los ataques que sufren los periodistas al realizar su labor, ya no confían en las autoridades porque no creen en sus investigaciones ni en su apoyo.

Informó que los tres comunicadores asesinados recientemente, “no estaban apoyados por el mecanismo de protección”. Cuando se hicieron los trabajos sobre el Plan de Contingencia en Chihuahua, Miroslava Breach Velducea participó en la mesa de periodistas y “nunca nos dijo que quisiera la protección del mecanismo porque tuviera riesgo; su compañera Patricia Mayorga decía que ella sí tenía riesgo, pero tampoco quería incorporarse al mecanismo y trabajó en el alerta temprana” o de prevención, explicó.

La funcionaria de la Segob explicó que cuando se tiene conocimiento de alguna amenaza o agresión a algún comunicador, de inmediato se le contacta para coordinar con las entidades una estrategia de seguridad.

La funcionaria federal explicó que el protocolo de protección es otorgado de manera individual o colectiva a los comunicadores o defensores de los derechos humanos, mientras que la alerta es una herramienta de protección especialmente en estos momentos en los estado de Veracruz y Chihuahua.

Finalmente, garantizó que los analistas de riesgos son los que proponen un plan a la Junta de Gobierno, a los beneficiarios y a sus representantes para que tomen la decisión de desplegar el mejor plan de protección de acuerdo a sus particularidades.