El Gobierno de México impartirá castigos por corrupción a partir del 19 de julio para las empresas que realicen sobornos, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos, como parte de la entrada de la Ley 3de3.
Desde multas hasta la disolución de la firma, serán las sanciones que ha dictado la Ley General de Responsabilidades Administrativas por ejercer malas prácticas como pagos ilegales para funcionarios o fraudes.
Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, mencionó que el objetivo de esta nueva ley es exponer los casos de corrupción, la imagen de la empresa y a las personas relacionadas en el suceso.
Al igual Bohórquez afirmó: “Es decir, que se pueda establecer que no fue sólo un ejecutivo de la empresa que obtuvo el beneficio indebido a partir de un soborno o cohecho, sino que la empresa tuvo una política para obtener esos beneficios indebidos".
Entre las sanciones se comunicó que el Gobierno podrá decomisar los bienes, las propiedades y el dinero que fueron ocupados para incurrir en los actos, sin embargo, si es detectado un delito pasará a la Secretaría de la Función Pública o a la Procuraduría General de Justicia.
El profesor del Tec de Monterrey e investigador de la organización México Evalúa, Marco Fernández, informó que esta ley será un reto para las empresas, ya que tendrán que aplicar un código anticorrupción.
