Este día The New York Times, dio a conocer que el gobierno mexicano adquirió un software llamado Pegasus, con el que habrían sido espiados activistas y periodistas como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reporte elaborado por Artículo 19 y la organización R3D, da cuenta de 76 casos de infección con el malware Pegasus, ocurridos de 2015 a 2016.
“Este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group1, es comercializado únicamente a gobiernos. Se ha documentado su adquisición por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)” se informó.
El fabricante de este software señaló que el programa solo tendría que ser usado para investigar a criminales y terroristas.
A pesar de que el software solo es vendido a gobiernos por la empresa NSO Group, “no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable”.
Este programa funciona con el envío de enlaces por medio de mensajes SMS. Y logra infiltrarse en los teléfonos inteligentes, para monitorear las llamadas que haga una persona, los correos que mande, sus contactos y calendarios. Además puede utilizar el micrófono y la cámara del teléfono, para persistir en su labor de vigilancia.
“La compañía simplemente le cobra al gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 usuarios de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650 mil dólares encima de otro cargo de 500 mil dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO; revisadas por el The New York Times
Cabe señalar que, de acuerdo con las leyes mexicanas, solo un juez federal puede autorizar la vigilancia de las comunicaciones privadas, y es “muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos”.
En la publicación se destaca que el gobierno mexicano,a ceptó que realiza “actividades de inteligencia”, sin embargo rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
