Por: Patricia Guillén
@patito1811
Desde que entró en vigor el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en marzo del 2010 en la Ciudad de México, se han realizado aproximadamente ocho mil 639 bodas hasta la fecha, tan sólo en lo que va de 2017 se han consumado 700 matrimonios.
Sin embargo, pese a la legalización de las nupcias entre homosexuales, aún siguen presentándose las denuncias de discriminación por las preferencias sexuales.
Durante la Conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia, el secretario de Desarrollo Social capitalino, José Ramón Amieva, dijo que hace falta fomentar la cultura, convivencia y la inclusión, además de “exigir a las instituciones y autoridades generar acciones propositivas para llevar en todo momento esos principios y protección a la comunidad LGBTTI” para evitar situaciones que se conviertan en actos de discriminación.
Tan sólo de enero a julio del 2016 fueron presentadas ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) 530 denuncias por discriminación, de estas, un 10% correspondió a personas de la comunidad LGBTTTI. Dicha cifra ubicó a los homosexuales como la tercera población más discriminada, por debajo de miembros de etnias indígenas y personas con algún tipo de discapacidad.
La diputada constituyente, Lol Kin Castañeda y Jacqueline L'Hoist Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital, respectivamente, resaltaron que en la nueva Constitución de la Ciudad de México quedó establecido en el artículo 16 que “se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas o hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato, o alguna otra unión civil”.
El Consejero Jurídico de la ciudad de México, Manuel Granados Covarrubias, añadió que los programas el Abogado en tu Casa, bodas colectivas y bodas igualitarias al interior de reclusorios, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México y el Registro Civil reconocen la “libre autodeterminación y el desarrollo de la personalidad garantizando el derecho universal a la identidad y a la seguridad jurídica”.
