Gobierno federal exige a estancias infantiles de la CDMX regresar dinero

Ciudad de México.- Continúa la polémica entre el gobierno federal y los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) de la Ciudad de México, quienes este lunes señalaron que la Secretaría de Bienestar Social envió el pasado 20 de marzo a 17 estancias infantiles de la capital del país un oficio “solicitando que regresen los 70 mil pesos que se les entregaron en septiembre de 2018 para comprar mobiliario, mismos que ya ejercieron y comprobaron...y las amenazaron con llevar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) si no pagan”, así lo dio a conocer en conferencia de prensa el diputado panista, Mauricio Tabe Echartea.

En la rueda de prensa participaron las directoras de tres estancias infantiles, Paola Tirado, Araceli Oropeza y Viviana Haro, quienes en septiembre del 2018 “recibieron el apoyo del gobierno para la apertura de las estancias, por 70 mil pesos, y en octubre presentaron la comprobación de ese apoyo y suscribieron el convenio”, aseguró Tabe Echartea.

Por su parte, Paola Tirado Córdoba, directora de la estancia “Windsor” ubicada en Tepepan, alcaldía de Tlalpan, quien es una de las maestras que recibió de la Secretaría de Bienestar Social el oficio mediante el que le piden que regrese el dinero, expresó que “con el recurso pagué el aplanado de las paredes, coloqué puertas seguras para los niños, construí dos baños, pagué los seguros para los niños y entregué las facturas correspondientes a la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en octubre del año pasado”.

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La profesora apuntó que el año pasado entregó las facturas, pero que ahora la Secretaría de Bienestar Social le pide regresar el dinero “más los intereses que se hayan generado en estos meses, en un plazo de cinco días”, razón por la que dijo, ya se amparó.

En ese sentido, Tabe Echartea señaló que su bancada apoyará con asesoría legal a las mujeres que se atrevieron a denunciar estos actos arbitrarios ante las instituciones de gobierno que corresponda, pero también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violencia institucional que están sufriendo.

IMCM