Del general Cienfuegos... ¿hay algo qué defender?

Espada de Dos Manos
Por Marcelo Fabián Monges / escritor y periodista
30 de octubre de 2020

La detención el general Cienfuegos Zepeda, exjefe del ejército mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en Estados Unidos, a mediados del mes de octubre, fue un acto que dejó en México a muchos sorprendidos, a otros perplejos, a algunos más incrédulos y a otros los puso a tratar de curarse en salud.

El principal sorprendido fue la administración de López Obrador, que en un primer momento salió a afirmar que ya tenía conocimiento de los hechos y de la investigación, desde 15 días antes, por conducto de la Embajadora de México en Estados Unidos. Pero este jueves, el Canciller Marcelo Ebrard dijo durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que el gobierno de México había presentado una queja primero verbal y también una escrita ante el gobierno de Estados Unidos, porque no se le había avisado nada, ni de la investigación, ni de que sería detenido al llegar a Estados Unidos al general Cienfuegos Zepeda. La primera versión, la que de que el gobierno de López Obrador sabía desde 15 días antes, lo dejaba muy mal parado al presidente al frente del ejército, en el que habría sin duda sectores, sobre todo los vinculados al general Cienfuegos, que lo verían como una traición. La segunda versión, lo deja mal parado ante la administración estadounidense. El gobierno de López Obrador ha elegido este camino, al parecer, por ser la que menos daño le ocasionaría.

Entre la fauna que ha salido en defensa del general Cienfuegos en México, hay personajes diversos, pero sobre todo hay gente vinculada al aparato de seguridad nacional, al de justicia, algunos periodistas y resalta el presidente de un instituto político, del PRI, Alejandro Moreno.

Entre los principales argumentos que esgrimen sus defensores se encuentran los siguientes, veamos:

Que las acusaciones contra el general Cienfuegos son inverosímiles.

¿Por qué? Porque el ejército mexicano es incorruptible. Pero por favor. Desde hace décadas cualquier habitante de Guerrero o Michoacán sabe que el ejército ha cuidado “históricamente” los plantíos de marihuana. Por mencionar un solo dato.

El CISEN, es decir, el servicio de inteligencia del Estado Mexicano, ahora desaparecido por López Obrador, sabía que en Michoacán el narcotraficante “La Tuta”, se desplazaba por todo Michoacán como si lo hiciera por su casa, vestido de militar y en camiones militares. Eso gratis no es, en ningún caso. Para dar tan solo otro ejemplo, pero así podríamos seguir. Cualquiera que haya leído un solo libro de la periodista Anabel Hernández sabe cuántas veces cuando han detenido a un narcotraficante importante estos han comenzado a dar los nombres de a quiénes están en sus nóminas. Así, el Chapo en su primera detención en la frontera con Guatemala, el 9 de junio de 1993, declaró que era agricultor y a la siembra de frijol, pero un rato después, en el avión que lo trasladaría a la Ciudad de México, se dice que el Chapo comenzó a dar nombres y a quiénes tenía en su nómina, y que entre ellos había desde militares hasta altos mandos de la policía. 

¿Por qué creer que la DEA haría detener al ex jefe del ejército mexicano, para que finalmente un juez de Estados Unidos les haga pasar un papelón liberándolo por falta de pruebas? Lo más lógico, o lo más sensato que pueda estar sucediendo es que a la DEA le sobren pruebas para llevar a juicio por narcotráfico al general Cienfuegos.

Pero entre los encomiables argumentos de los defensores de Cienfuegos, hay algunos que son de una gran notoriedad. Por ejemplo, se argumenta “La Soberanía Jurídica”. Algo absolutamente atendible, si en México hubiera justicia. Pero no la hay. En México se castiga solo el uno por cierto de los delitos. Algo reconocido hasta por el propio Alejandro Gertz Manero en su carrera a hacerse de la Fiscalía General de la República. Lo que significa decir, visto de otra manera, que México tiene un aparato de justicia que garantiza el 99 por ciento de la impunidad. Lo que México necesita es JUSTICIA. Una sociedad sin justicia es una sociedad que raya en la barbarie. Y necesita justicia venga de donde venga. Venga de la ONU o de Estados Unidos es algo que le hace bien al país y a la sociedad mexicana. Para ejemplo, podemos tomar el caso del fiscal Veytia de Nayarit, actualmente preso y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Veytia es un ejemplo de un nivel de abuso salvaje que solo es posible en lugares donde la civilización ya no es lo que sucede ni lo que predomina en una sociedad. El ex fiscal Edgar Veytia fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos. Cuando era fiscal, hacía torturar en sus propias oficinas a empresarios, a dueños de hoteles, restaurantes, etc., para que allí mismo les firmaran el traspaso de las escrituras de sus propiedades. Este es el nivel de locura delincuencial y de abusos, si a Veytia no lo hubieran detenido los gringos, en México no lo habría castigado nadie. De hecho, la Revista Proceso publicó el 26 de octubre de 2020 un reportaje realizado por la periodista Patricia Dávila, que se titula: “Caso Veytia: las escandalosas omisiones de la Fiscalía General de la República”. En el reportaje se detalla que no hay investigación alguna contra Veytia por parte del Estado Mexicano.

En dicho reportaje, debajo de un subtítulo que dice “Denuncias no atendidas”, se afirma concretamente: “Hasta ahora en la FGR no ha avanzado ninguna carpeta. En contraste, en Nayarit, a principio de este mes, un juez determinó regresar los bienes a Sandoval Castañeda (el ex gobernador de esa entidad durante el periodo de Veytia). El reportaje continúa afirmando: “Según los denunciantes, la fiscalía, intencionalmente, no realizó de manera adecuada las promociones judiciales”. Pero la periodista Patricia Dávila abunda: “Con respecto a las 100 denuncias por levantones, secuestros, desaparición despojo de bienes, denunciados durante la administración e Veytia y Sandoval, publicadas por este semanario desde 2013, tampoco hay avances”.

¿De cuál soberanía jurídica me hablan?

Hay que decirlo muy claro. En México existe un aparato de justicia, existe un andamiaje jurídico, pero que en la realidad es una entelequia. En la realidad no aplica. De hecho, en Estados Unidos se le acusa al general Cienfuegos de haber sido cómplice de Veytia, encubriendo a criminales que actuaban en Nayarit. Si a Veytia no lo hubieran condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos, en México seguiría asesinando gente, secuestrando, quitándole sus bienes con toda tranquilidad, ni siquiera nadie lo hubiera investigado.

No hay violación a la soberanía jurídica porque no vinieron a llevárselo al general Cienfuegos del territorio mexicano. No intervinieron en las decisiones jurídicas del Estado mexicano. Lo que hizo Estados Unidos con el general Cienfuegos, fue investigar y detener a un ciudadano mexicano, que cometió una serie de delitos que les afecta a ellos directamente, y cuyos actos constituyen la comisión de delitos en ese país.

Esto resulta de haber permitido o colaborado con el envío de diversas drogas a territorio norteamericano. Y cuando este ciudadano llegó a su territorio lo detuvieron, de acuerdo a la Ley norteamericana.

La posición de quienes defienden al general Cienfuegos podría resumirse en expresiones como: “Serán narcos, pero son nuestros narcos”.

El paroxismo de esta postura la llevó a cabo Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, quién promovió un Punto de Acuerdo para que sea el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda quien pague los juicios de todos los militares, políticos, funcionarios, etcétera que pudieran ser enjuiciados en Estados Unidos. Es decir, que sea la ciudadanía, la que con sus impuestos, pague la defensa de los narcos mexicanos en Estados Unidos. Esto, desde luego causó una enorme indignación en las redes sociales.

Es increíble cómo Alejandro Moreno no es capaz de medir el impacto político negativo que le produce al partido que dirige una propuesta como esa. Es increíble que Alejandro Moreno dirija un instituto político tan importante aún como el PRI, y no tenga la altura para darse cuenta de que una postura de ese tipo, ya no digamos ante la DEA, o las autoridades mexicanas, sino simplemente ante la ciudadanía mexicana, lo hace ver como cómplice del general Cienfuegos y de los narcos que se esfuerza en defender.

Pero el argumento de Alejandro Moreno es que de esa forma está defendiendo a las Fuerzas Armadas. Con esa actitud no engaña a nadie el presidente del PRI. Defender a los cómplices de los narcos en las fuerzas armadas no es defender las fuerzas armadas. Más bien todo lo contrario. De esa forma se defiende la colusión de las fuerzas armadas con el crimen organizado. Defender a las fuerzas armadas significaría exigir que cuando cualquier integrante de estas fuerzas cometa un delito, tenga que comparecer ante la justicia y ser castigado según lo establezca la Ley.

Hay argumentos más espurios todavía, como los de Renato Sales, quien ha sido parte del aparato de seguridad del Estado durante el gobierno de Peña Nieto, quien se raja las vestiduras diciendo que: “Son inverosímiles las acusaciones contra Cienfuegos”, o argumentando que “En México ni siquiera hay investigación alguna contra el general Cienfuegos”. Peor todavía. Esa era seguramente la garantía del general Cienfuegos, ¿Quién lo podría investigar a él? Si era la máxima autoridad del ejército, si estaba bien con el presidente Enrique Peña Nieto y si incluso le podía imponer al presidente que no se investigara al ejército en un caso aberrante como la masacre de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por si alguien le queda dudas de la impunidad que le esperaría en México al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República, encabezada por el octogenario Alejandro Gertz Manero, tan solo la semana pasada, acaba de declarar concluida la investigación por el caso de la matanza de Tlatlaya “por no haber elementos para ejercer la acción penal”.

El ejército le repartía dinero a medios de comunicación, o dicho de otra manera, son instituciones que tienen un “área de comunicación” y de esa forma, se “ganan” buenas amistades en distintos medios, como lo hacía la Policía Federal, la CFE, el IMSS, etc. Cuando usted vea un defensor en los medios del general Cienfuegos, pertenece al rubro de esos beneficiarios.

Será difícil encontrar un ciudadano honesto, inteligente y bien informado, que piense que la detención del general Cienfuegos es una injusticia cometida en Estados Unidos.

Tan solo el día de ayer, López Obrador salió a confesar que él le pidió expresamente al gobierno de Estados Unidos, que no declarara como grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico mexicano. Cuando muchos ciertamente lo son. Hay que preguntarse ¿Qué le ofreció a cambio López Obrador al gobierno norteamericano para que no declararan a los cárteles mexicanos como grupos terroristas? Porque así nada más de favor, no funciona.

Es cierto que Estados Unidos maneja la lucha contra las drogas según le conviene. Incluso con acuerdos de este tipo han financiado a los contras en Centroamérica y otras operaciones. Pero también es cierto que lo que sucede en México no puede seguir pasando. No puede seguir habiendo un promedio de cien ejecutados por día, no podemos tener un país lleno de fosas clandestinas y de desaparecidos. La solución no es la normalización de la muerte y de la barbarie. Por eso a los funcionarios que sean cómplices de todo eso, sean militares o civiles, hay que llevarlos ante la justicia.

Para los que toman la detención del general Cienfuegos como una intromisión de Estados Unidos en México, deberían tener presente que fue Cienfuegos, según la DEA, quién se dedicó por mucho tiempo a propiciar el tráfico de drogas hacia ese país.

Si algo hay que tener presente para resolver asuntos como estos, es que una sociedad sin justicia, es una sociedad que va camino a la barbarie.

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