EFE
Ciudad de México.- Los recursos legales que pueblos originarios han obtenido contra el Tren Maya, obra prioritaria del gobierno federal para el sureste del país, causan incertidumbre para las empresas constructoras.
Y es que las dudas han arreciado tras confirmarse esta semana la suspensión provisional de nuevas obras del Tren Maya en Yucatán por un juicio de amparo que promueven pueblos originarios de los municipios de Chocholá, Izamal y Mérida.
El freno temporal afecta al tramo 3, cuya licitación ganó el 15 de mayo pasado un consorcio integrado por la española AZVI y las mexicanas Construcciones Urales y Gami Ingeniería e Instalaciones por 10 mil 192 millones de pesos.
Además, la consultora española de ingeniería UG21 anunció el 23 de julio de 2020 que ganó un contrato para la supervisión técnica y verificación de calidad de la construcción de la plataforma y vía del Tren Maya desde Calkiní, Campeche a Izamal, lo que también corresponde al tramo 3.
En el contrato de 223 millones de pesos también participan las firmas Coniisa (Consultoría Integral en Ingeniería) e Ipimsa (Ingeniería de Proyectos e Infraestructuras Mexicanas), filial de Prointec (Grupo Indra).
El tramo 4, de Izamal a Cancún, incluye dos estaciones en Yucatán, las de Chichen Itzá y Valladolid, por lo que el freno también podría afectar las obras nuevas del Grupo ICA, que obtuvo por adjudicación directa el contrato por 27 mil millones de pesos.
Basta recordar que el Tren Maya cuenta con una inversión de 6 mil 294 millones de dólares y recorrerá cerca de mil 554 kilómetros en los cincos estados del sureste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
Pero desde antes del arranque de las obras, en junio pasado, organizaciones civiles han presentado recursos legales contra su construcción, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Kanan Derechos Humanos y Múuch' Xiinbal, responsables de este amparo en Yucatán.
EN CAMPECHE TAMBIÉN HAY SUSPENSO
Por ahora, solo afecta a obras nuevas en Yucatán, aunque en diciembre comunidades originarias también obtuvieron un recurso legal para frenar construcciones del segundo tramo, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche.
El tramo 2 se adjudicó el pasado 30 de abril al consorcio liderado por la mexicana CICSA y la española FCC, ambas controladas por el magnate Carlos Slim, por una oferta económica de 18 mil 554 millones de pesos.
Pese a estos recursos legales, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo público encargado de la obra, ha argumentado que no se ha confirmado "definitivamente ninguna suspensión al Tren Maya".
En entrevista con Efe, el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, manifestó que el Tren Maya terminará este 2021 con un avance del 30 % "a como dé lugar" (pase lo que pase).
También descartó afectaciones en otros tramos por estos amparos.
“No nos ha afectado porque mientras tengamos 1.500 kilómetros de trabajos y esto no esté generalizado sí ha sido muy puntual", sostuvo.
IMCM
