El Senado arrastra una década en actualización de Ley de Agua

Foto: CUARTOSCURO

Han pasado cerca de diez años desde que se publicó la reforma constitucional en la que se incorporó el derecho humano al agua como una obligación por parte del Estado mexicano, sin embargo, hasta el momento no ha sido expedida la ley reglamentaria correspondiente, aunque existe un plazo máximo que se fijaron los legisladores para ello. 

A pesar de que, en estados como Querétaro, Chihuahua y Nuevo León viven la peor sequía en años y comienzan a vislumbrase la “guerra por el agua”, los diputados federales preparan emitir una nueva Ley General de Aguas que atienda y priorice la problemática, presionados por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, se puntualiza que la gran mayoría de las propuestas legislativas que se han puesto sobre la mesa proponen modificar la ley vigente y sólo una es la que plantea la expedición de un nuevo ordenamiento de carácter general como lo señala el artículo 4 Constitucional. 

El estudio del IBD que lleva por título “Iniciativas que abrogan o modifican la Ley de Aguas Nacionales presentadas en el Senado de la República (LXV Legislatura)”, menciona que los temas que más interés han despertado en el Senado tienen que ver con el uso doméstico y agrícola del agua, con la calidad del preciado líquido y aspectos institucionales en cuanto a su gestión.

El documento del IBD elaborado por el investigador Itzkuauhtli Benedicto Zamora Saenz, señala que, otro punto importante a tomar en cuenta es que el pasado 22 de abril de 2021 entró en vigor el Acuerdo de Escazú, en el que se consideran compromisos en materia de acceso a la información, a la justicia ambiental y a la participación, por lo que podría ser un referente en cuanto al tema de la actualización de la legislación nacional en materia hídrica.