Inai ordena a la FGR transparentar masacres contra migrantes en San Fernando y Cadereyta

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar y hacer pública la información sobre el homicidio de 72 migrantes y de los 193 cuerpos hallados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 y 2011, respectivamente; así como los documentos de los restos de 49 personas halladas en Cadereyta, Nuevo León, en 2012. 

Esto acontece luego de que se solicitara a la FGR una versión digital y gratuita de toda la documentación de la Comisión Forense sobre los restos encontrados en dichas localidades, las autoridades entregaron una versión de más de 9 mil 26 páginas junto con copias simples y certificadas, las cuales no contenían la información específica que se requirió.

La persona solicitante se inconformó con la respuesta de la Fiscalía, por los costos de la reproducción de miles de copias, además, por la confidencialidad de datos personales que eran necesarios en la documentación.

En consecuencia, la parte que solicitó los expedientes requirió al INAI revisar los documentos entregados para justificar la confidencialidad de ciertas partes de la investigación.

En primera instancia, el INAI reconoció que las constancias solicitadas contienen nombres de agentes y peritos que, por seguridad, se pueden reservar por las funciones que desempeñan. Sin embargo, luego de una revisión en las recomendaciones 80/2013 y 8/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se determinó que dicha información debía ser pública.

Lo anterior por “aludir a violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.

Es innegable que los nombres, edades, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, perfiles genéticos, huellas dactilares y fotografías de las víctimas, pero también de los ofendidos, de sus familiares y de los testigos, son datos personales que en principio tienen el carácter de confidencial. Sin embargo, en el proyecto que se propone, se observa lo resuelto por la segunda sala de la SCJN en el amparo en revisión 998/2018, en donde se determinó dar acceso íntegro al expediente derivado de la recomendación 51/2014 que reclasificó al caso Tlatlaya como investigación de violaciones graves de derechos humanos”, dijo ante el pleno del INAI el comisionado Adrián Alcalá.

Por lo tanto, el INAI determinó que la FGR deberá incorpora la información solicitada a la Plataforma Nacional de Transparencia, esto correspondiendo a sus obligaciones de transparencia.

Con información de Latinus