Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió este martes una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 (PEF 2022), publicado el pasado lunes 29 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En dicho decreto, la Cámara de Diputados aplicó un recorte por 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.
El recorte determinado impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, para la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo, mismos que fueron solicitados presupuestalmente a la Cámara de Diputados.
Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna.
El INE, en la elaboración del PEF 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular, atendiendo a lo que la SCJN resolvió respecto de otra controversia constitucional que el Instituto promovió sobre la convocatoria a la Consulta Popular que se realizó en este 2021, en el sentido de que la autoridad electoral tenía la “obligación de prever” los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana contemplados en el artículo 35 de la Constitución.
Al no haber sido otorgados los mencionados recursos y al haberse aplicado un recorte que excede la solicitud presupuestal formulada, el INE consideró procedente someter a consideración de la SCJN que ordene a la Cámara de Diputados proveer al Instituto de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, cumpliendo todos los principios y reglas a que está obligado.
Al no contar con dicho presupuesto, el INE no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo manda la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Carta Magna y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales.
El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana.
Asimismo, manifiesta su confianza en las instituciones de justicia del país y subraya que, para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza.
#BoletínINE | Promueve @INEMexico controversia constitucional en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. https://t.co/sXOWeWV72y pic.twitter.com/3mIG1kD3h4
— @INEMexico (@INEMexico) December 7, 2021
Con información de López-Dóriga
