Ciudad de México.- El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue llamado a comparecer en su carácter de imputado por posible daño al erario público por un contrato con Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, pero no pudo ser notificado por la representante del Tribunal de Control del Poder Judicial del estado.
El exmandatario debe acudir al juzgado luego de que fuera denunciado penalmente por la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por el caso Next Energy.
Según el citatorio, la notificadora no logró localizar a Bonilla el pasado 4 de julio, por lo que lo emplazó a presentarse hoy a las 14:30 horas para recibir la notificación.
Le dejan citarorio judicial al ex gobernador @Jaime_BonillaV en su casa de Tijuana. Lo citan a comparecer en carácter de "imputado" por presuntos delitos: "corrupción, peculado, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público y otros. pic.twitter.com/KxzyxdqAud
— Salvador García Soto (@SGarciaSoto) July 5, 2022
El pasado 29 de junio, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, anunció que un juez determinó citar a comparecer a Jaime Bonilla y a otros exfuncionarios el próximo 15 de agosto a las 9:00 horas.
“Se ha resuelto por parte de la autoridad jurisdiccional como fecha el 15 de agosto a las 9 de la mañana, para que comparezcan ante esa autoridad, a efectos de que la Fiscalía pueda proceder a imputar por los diversos delitos cometidos por exfuncionarios públicos”, dijo el fiscal.
Ese mismo día, el gobierno estatal denunció penalmente a Bonilla, y otros exfuncionarios, por daño al erario público por 12 mil millones de pesos por los compromisos adquiridos con Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica, que no se logró concretar porque no adquirió los permisos necesarios.
“Se materializó el acto con el descuento de 123 millones de pesos de nuestras participaciones federales por una obra que no se iba a llevar a cabo. Estamos recurriendo a todas las instancias legales para proteger el desfalco, el quebranto, el atraco más grande que se le iba a hacer a los bajacalifornianos. Un robo de 12 mil millones de pesos (…) Este no es un acto de simulación, ni de cacería de brujas, ni revanchismo. Es un acto de justicia al pueblo de nuestro Estado y como gobernadora estoy haciendo lo que tengo que hacer”, dijo la gobernadora.
Juan José Ponce, consejero jurídico de Baja California, aseguró que están elaborando escritos para dar por concluida la relación del gobierno de la entidad con la empresa.
Con información de Latinus
