Ciudad de México.- De acuerdo con el movimiento global Amnistía Internacional (AI), el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores.
Al presentar su informe 2020/21 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo y específicamente en el apartado de México, señala que en mayo pasado López Obrador emitió un decreto que permite el despliegue permanente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Para AI ese decreto carece “de normativa sustantiva para garantizar que el comportamiento de las Fuerzas Armadas fuera conforme con las normas internacionales", además de que López Obrador también anunció "que el control de los puertos y puntos de aduana pasaría a las Fuerzas Armadas".
También lamenta que pese a esos “cambios” se mantienen el actuar de “detenciones arbitrarias y haciendo uso excesivo de la fuerza”, lo que en ocasiones provoca homicidios ilegítimos.
MINIMIZAN VIOLENCIA DE GÉNERO
Condena que el jefe del Ejecutivo estigmatice “en diversas ocasiones a las personas defensoras de los derechos humanos y a los medios de comunicación”, al tiempo que reprocha que este sexenio no dé la importancia necesaria al problema de la violencia contra las mujeres, denuncias que han venido al alza en los últimos dos años.
@ErikaGuevaraR, Directora de Amnistía Internacional para las Américas, hace una radiografía general de la situación de los derechos humanos en las Américas en 2020 y lo que va de 2021. #AIR2021 https://t.co/gh4klHJ2Mi
— Amnistía Int. México (@AIMexico) April 7, 2021
Refiere que en 2020 se contabilizaron 3 mil 752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios.
Con base en el informe, el Estado de México registró la mayor cifra de esos casos, seguido de Veracruz, Colima y Morelos.
En ese sentido, criticó que las autoridades hayan reaccionado de mala manera para enfrentar la pandemia, dado que subraya los recortes del gasto público en diversas áreas, como en el del personal sanitario, quienes denunciaron que carecían de acceso a equipos de protección individual y a las prestaciones necesarias para garantizar un entorno laboral seguro.
IMCM
