Por: @pdoblell
En el año 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno federal brindaría servicios de internet y telefonía móvil de bajo costo. Hace unas semanas, en agosto, la CFE lanzó los primeros paquetes de dicho servicio, con costos que van desde los 30 y hasta poco más de 2 mil pesos.
En este contexto, es importante señalar que los antecedentes de “Libre Internet Para Todos” están en la sociedad civil, que se remontan al llamado “apagón analógico”; y cobra más notoriedad en el año 2013, cuando las organizaciones: DHP, Article19, Reforma Política Ya y COntingenteMx; presentaron la propuesta ante un grupo de senadores, para más tarde convertirla en iniciativa.
“Libre Internet Para Todos” pidió, entre otras cosas, que se reconociera el derecho a internet en México, tomando el ejemplo de países como Francia, Finlandia y España; pues dicha política pública se convertiría en generadora de mejoras para las áreas y servicios de salud y educación, además de ayudar a la difusión de la cultura mexicana y “brindar acceso a información que influya en el quehacer económico”.
Si bien el proyecto del gobierno federal tiene tintes de inclusión social, busca reducir la brecha digital y retomar el espectro de las telecomunicaciones administradas por el estado, que se perdieron con el viraje neoliberal de los años 80 y 90; es importante reflexionar ¿Hacia dónde estamos apuntando con este acceso universal?*
En las últimas semanas se, debate en diferentes foros y plataformas, la conveniencia que tiene para el proceso electoral de 2024 el hecho de abrir el espectro del acceso a internet administrado por el estado mexicano. Entre otros temas, se ha puesto sobre la mesa el interés de informar, pero también la posibilidad de manipular o sesgar, incluso neutralizar algún tipo de información.
Tomemos el ejemplo del acceso a internet gratuito que brinda el Gobierno de la Ciudad de México en el STC Metro, desde la administración de Miguel Ángel Mancera, en donde para ingresar al servicio se tenía que pasar previamente por una pantalla para el registro de datos como nombre y correo (que pueden ser seudónimos) y ver un clip de video con algún spot del gobierno local… es decir publicidad.
Otro tema es el manejo de los datos personales, que si bien están regulados y protegidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), no sería raro que alguna base de datos pudiera ser filtrada para fines electorales, como paso en el año 2006, cuando Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de Margarita Zavala, y por lo tanto cuñado del entonces candidato Felipe Calderón, tuvo acceso a miles de datos personales que estaban en poder del INE.
Diversas investigaciones y denuncias de los partidos contrincantes de la elección de 2006, señalaron a Hildebrando Zavala, a Felipe Calderón y al Partido Acción Nacional (PAN); de utilizar esa base de datos para, a través de llamadas y cartas postales, crear una campaña de miedo contra el candidato que punteaba las encuestas… y el resto de la historia ya la conocemos.
Por otra parte, no podemos dejar de lado el tema de la Infodemia*, que se ha convertido en un tema profundo de estudio y en una preocupación para quienes generamos contenidos en plataformas de información y redes sociales, pues es sabido que las noticias falsas (fake news), el exceso de información y la neoverdad, crean un ambiente hostil que no aporta beneficios al proceso electoral del país.
Se sabe también que existen empresas dedicadas exclusivamente a la creación de sitios de noticas falsas, enfocadas a su difusión a través de bots y cuentas fake, con fines meramente electorales, que a pesar de los esfuerzos de equipos como el de VerificadoMX, siguen incidiendo en los procesos electorales, aunque no se ha podido determinar en qué medida.
Ampliar el espectro de internet y telefonía móvil en México sin duda reduce la brecha digital, pero no todo es saldo positivo si consideramos que actualmente existen “náufragos y navegantes” de la web, es decir, personas que se adaptan y conocen muy bien las herramientas y plataformas de comunicación, así como las que desconocen sus usos, alcances y sobre todo, los procesos para verificar la confiabilidad de la información de acuerdo a su origen o fuente.
Dependerá de la ciudadanía nuevamente y de los medios comprometidos con la labor informativa ética y transparente, contrarrestar el saldo negativo que la ampliación de internet a través de la CFE pueda acarrear consigo y así evitar que una iniciativa social, se convierta en botín o herramienta política.
