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Por Iliana Abigail Chávez
México.-El próximo 1 de febrero inicia el segundo periodo ordinario del Congreso de la Unión, en el cual se prevé la discusión, votación y posible aprobación de diversas iniciativas de ley, algunas de las cuales se dejaron pendientes desde diciembre pasado.
Esta etapa del quehacer legislativo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril tanto en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cuyos integrantes se alistan a darle “luz verde” a las propuestas de ley de reforma constitucional y leyes de nueva creación como:
- Nueve iniciativas, enviadas por el Ejecutivo, para reformar el sistema de justicia penal, con las que se prevé aspectos como retención inmediata de probables delincuentes hasta por 48 horas en situaciones de urgencia o flagrancia; así como que un juicio tenga validez a pesar de contar con pruebas obtenidas ilegalmente.
- La actualización del salario mínimo para que siempre se mantenga por encima de la inflación, la cual es propuesta por el senador, Martí Batres, de Morena.
- Reformas a la Ley General de Salud con el objetivo de que se eliminen las cuotas de recuperación a los pacientes que no cuentan con seguridad social (ante el caos que se ha provocado por el Insabi).
- Reducción del 50 por ciento a las prerrogativas que reciben anualmente los partidos políticos, proyecto que ha sido impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre el cual descartó impulsar una nueva reforma en materia electoral como lo había declarado semanas atrás el diputado morenista Mario Delgado.
- Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente. Lo anterior debido a la confusión y lagunas que generó la aprobada en 2018.
- Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, la cual plantea lineamientos generales para la siembra, producción, transformación industrial, publicidad, distribución, venta, comercialización, portación y consumo de la planta y sus derivados.
- Reforma a la Ley Federal del Trabajo con el fin de regular la subcontratación, esto a través de acciones como endurecer las multas y la creación de un modelo de certificación para las empresas que brinden ese servicio.
- Se buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueda emitir calificaciones sobre consultas populares, lo que le restaría injerencia al máximo órgano judicial en temas de materia constitucional.
