Mediante la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio, la Procuraduría General de la Justicia (PGJ) de la Ciudad de México logró debilitar, a través de este proceso legal, la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia organizada y su capacidad operativa.
Con este recurso jurídico se decomisaron bienes inmuebles y muebles (vehículos, joyas, obras de arte o dinero) que son instrumento, objeto o producto del pago de delitos de secuestro, trata de personas, robo de vehículo, narcomenudeo y enriquecimiento ilícito, precisó la PGJ.
La procuraduría destacó que, de 2009 a junio de este año, se han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 400 demandas civiles, de las cuales se han obtenido 120 sentencias a favor del gobierno capitalino y 116 que favorecen al afectado, mientras que en proceso civil están en desahogo 147 asuntos.
De las 120 sentencias referidas; 43 son por delito de narcomenudeo, 43 por robo de vehículo, 15 por trata de personas y 19 por secuestro.
Del 5 de diciembre de 2018 al 24 de junio de 2019, de 33 demandas civiles por extinción de dominio presentadas ante el TSJ de la Ciudad de México, se han obtenido 12 sentencias ejecutorias, relacionadas con ocho inmuebles y cuatro vehículos, provenientes de actividades ilícitas.
Otro de los logros de esta fiscalía es la ejecución de cuatro lanzamientos judiciales, toda vez que aun cuando los inmuebles habían sido ganados a favor del gobierno de la ciudad mediante sentencia firme, continuaban en posesión de los propietarios originales, en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán.
