Propone Morena iniciativa para combatir nepotismo en Poder Judicial

La bancada de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa para combatir el nepotismo al interior de las instancias del Poder Judicial federal, órgano de gobierno donde se han detectado casos de supuestos conflictos de interés.

La propuesta prevé modificaciones a los artículos 112 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para inhibir cualquier acción o conducta particular que de manera excesiva y ventajosa otorgue beneficios personales indebidos a cualquier familiar de un funcionario, por el simple hecho de esa relación.

De acuerdo con el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, con ello se busca garantizar que sean los profesionistas calificados que cumplan con los requisitos establecidos en la propia ley quienes tengan acceso a cargos públicos dentro de dicho Poder.

Señala que de acuerdo al estudio “El déficit meritocrático. Nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación”, 51 por ciento de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar que labora en su propio Circuito.

Asimismo, precisó, 68 por ciento son familiares por consanguinidad -padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos sobrinos- y 32 por ciento restante son familiares por afinidad como cónyuges, suegros, cuñados e hijastros.

Según el citado estudio, Ana Elena Aguilar Arrangoiz, hija del presidente de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), Luis Miguel María Aguilar Morales, integra la nómina del máximo tribunal. La hija del ministro presidente es cirujano dentista y percibe un salario neto de 26 mil 398 pesos.

Por su parte, Daniela Pardo Soto Reyes, hija del ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, labora en la secretaría jurídica de la presidencia del Tribunal Supremo, como secretaria de estudio y cuenta adjunta, donde cobra un sueldo mensual neto de 95 mil 73 pesos.

En la iniciativa, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, explicó que es urgente una reforma efectiva que establezca como causa de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial la realización o gestión indebida de nombramientos, promociones o ratificaciones.

Ello, apuntó, cuando exista un interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar en alguna ventaja o beneficio para ellos o para sus consanguíneos o afines hasta el cuarto grado o parientes civiles.