México.- La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó citar esta semana a Luis Cresencio Sandoval de Defensa Nacional (Sedena), Rafael Ojeda de Marina (Semar) y Alfonso Durazo de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con la finalidad de ampliar la información acerca del funcionamiento planteado para la Guardia Nacional para continuar con el debate de su aprobación en el Congreso.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión, señaló que por el momento no tienen una fecha planteada para la reunión debido a que las autoridades han puesto como prioridad el combate contra el robo de combustible.

Hace unos días, el dictamen de la Guardia Nacional fue aprobado en el Cámara de Diputados y se turnó al Senado para su revisión, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estaba inconforme con el resultado debido a la omisión de algunos puntos que se incluían en su propuesta inicial.

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Al respecto, Ramírez Aguilar, señaló que Morena, partido en el que milita, presentará reservas e intentará rescatar algunos de esos apartados transitorios que plantean que el Ejército se encargará de capacitar a los elementos de la Guardia Nacional; pero también, contempla mantener el mando civil.

“Queremos que se discuta a la brevedad porque el Presidente de la República no tiene las herramientas jurídicas y facultades que requiere este momento tan importante que atraviesa el país”, dijo.

Por otro lado, Julen Rementería, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que lo que propone la minuta podría empeorar la condición de funcionamiento de los cuerpos de seguridad, además de que no hay antecedentes de que haya funcionado un esquema similar en otros países

Omar Maceda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que aprobar la Guardia Nacional con un mando y funcionamiento militar pone en riesgo los derechos humanos de las personas, pero también impulsa la inacción, pues al no tener un protocolo sobre el uso de la fuerza definido, los militares no saben cómo actuar como sucedió en el caso de Tlahuelilpan.

La senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra Arámburo, propuso establecer un plazo no mayor a cinco años para retirar a las Fuerzas Armadas de las calles. Así como reducir de 120 a 60 días el plazo que tendrá el Congreso de la Unión para expedir las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional de detenciones.

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Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, dijo que una reforma no cambiará el adiestramiento y capacitación que han tenido los militares por años, por lo que la Guardia Civil tiene que estar regulada por mecanismos legales, y actualmente no se conoce la ley secundaria, por lo que en caso de aprobarse se estaría dando un “cheque en blanco”.

Vah

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