México.- Tal parece que la austeridad del gobierno federal y el recorte de presupuestos todavía no son admitidos por todas las dependencias del país, pues el Instituto Nacional Electoral (INE), se amparó para poder pagar la nómina de los trabajadores de la dependencia y conservar el mismo salario que recibían el año pasado.

El secretario general Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, informó que la jueza sexta del Séptimo Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional con relación a un amparo que interpuso ante la autoridad judicial, ya que el Consejo General aún no aprueba el presupuesto, lo que implica la falta de tabuladores que tiene que definir la Secretaría General Ejecutiva para poder hacer el pago de la nómina 2019, los cuales deben ser publicados el 28 de febrero en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por lo tanto, mientras no haya estos tabuladores, los trabajadores y consejeros podrán cobrar durante enero y febrero el mismo salario que tenían en 2018.

"Sólo es para dar certeza y no caer en irresponsabilidades para poder pagar la nómina. Lo que la jueza otorga es una suspensión provisional, es el primer paso de un amparo, en lo que se analiza el fondo, para poder, en su caso proceder de otra manera", explicó.

Por otro lado, Lorenzo Córdova, presidente del INE precisó que al presupuesto para el ejercicio 2019 se le quitaron 950 millones de pesos, por ello, buscan conseguir una ampliación, y esa es la razón de que el Consejo General no ha sesionado para aprobarlo y definir los ajustes al mismo, por lo que reitero que mientras esto no ocurra, la Junta General Ejecutiva no podrá fijar los tabuladores.

"El problema es que a pesar de que la Constitución dice que es la Cámara de Diputados la que tiene que fijar las retribuciones para todos los funcionarios del Estado mexicano, no lo hizo, y le mandato al INE, que el órgano competente sea el que fijara los tabuladores”.

Aclaró que no buscan que se les “repongan” esos 950 millones de pesos, sino que se llegue a un ajuste para poder realizar sus actividades necesarias en los cinco comicios que se llevarán a cabo este año,es decir, un monto de 619 millones de pesos, pues la falta de esto pone en riesgo la autonomía de la dependencia.

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Derivado de lo anterior, Córdova Vianello, dijo que analizan la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad a finales de este mes, cuando terminen las negociaciones con el gobierno federal, específicamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Vah

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