Ciudad de México.- Un Tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde 2018 contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, esto luego de considerar que el proceso penal en el que aceptó declarase culpable fue totalmente legal.
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En dicha resolución, la magistrada Isabel Porras Odriozola señaló que el “titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México” concluyó que las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) fueron idóneas para sostener que Duarte de Ochoa participó en un entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres, consiguió desviar miles de millones de pesos del erario.
Sin embargo Porras Odriozola revocó el decomiso de más de 40 propiedades supuestamente ligadas al exmandatario estatal que se había ordenado como parte de la condena, toda vez que argumentó que se trata de bienes de otros procesados que aún no son condenados, y por lo tanto debe esperarse hasta el cierre total de caso.
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La determinación del Tribunal federal es resultado de una apelación que Duarte de Ochoa promovió en contra de la sentencia condenatoria que se le dictó desde el 26 de septiembre de 2018. El procedimiento se alargó más de un año debido a que el exgobernador tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera solicitar la revisión del mismo.
Cabe destacar que Duarte de Ochoa ya había sido sentenciado en una audiencia preliminar, en la que se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio, en lo que se conoce como “procedimiento abreviado”.
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Fue en ese momento que a cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima y que, gracias a un acuerdo previo con la PGR, se le retiró el delito más grave que era el de delincuencia organizada por el cuál hubiera pasado una gran cantidad de años en prisión.
IMCM
