Redacción.- La Justicia argentina citó a declaración indagatoria al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en el marco de una causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos. Además, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó la prohibición de salida del país para los imputados.
La medida alcanza también al tesorero Pablo Toviggino; al director general Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general Cristian Ariel Malaspina; y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.
La cifra bajo la lupa
La causa analiza una supuesta maniobra por más de $19.300 millones vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. La investigación se inició a partir de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante.
En la resolución, el magistrado advirtió sobre “la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa”. Por ello, el 26 de diciembre se dispuso la prohibición de salida del país para los implicados, a menos de cuatro meses del inicio del Mundial 2026.
Tapia deberá declarar el 5 de marzo, mientras que Toviggino y Lorenzo lo harán el 6 de marzo. El resto de los imputados comparecerán el 9 de marzo.
Nuevas denuncias y allanamientos
El 22 de enero, ARCA presentó otra denuncia por presuntos movimientos de fondos sin respaldo documental, lo que podría configurar una maniobra destinada a ocultar el destino real del dinero y vulnerar los mecanismos de control fiscal.
Además, el 30 de diciembre se realizaron allanamientos en dos sedes de la AFA dentro de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado a operaciones comerciales en el exterior.
Esta línea de investigación incluye la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida, encargada de asuntos comerciales internacionales.
Contexto de tensión
El escenario se produce en medio de una relación tensa entre el Gobierno argentino y la AFA, derivada de la intención del Ejecutivo de impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas, propuesta rechazada por la entidad rectora y la mayoría de los clubes.
Con el Mundial 2026 en el horizonte, la dirigencia del futbol argentino enfrenta ahora un partido fuera de la cancha que se jugará en los tribunales.