México.-El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aseguró que el pactó con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto entregarse en 2017 a cambio de que no molestaran a su familia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el exmandatario estatal aseguró que se entregó a las autoridades tras acordarlo con el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).
"Pacté mi entrega, sí, a través de aquel entonces con los que eran mis abogados se hizo una mesa de trabajo en donde mi abogado (Marco Antonio del Toro) en la Ciudad de México donde participaron funcionarios de aquella administración del Cisen, Segob y PGR", aseveró.
Desde el Reclusorio Varonil Norte, Duarte de Ochoa aseguró que no se trató de una detención en Guatemala si no de una entrega e indicó que el acuerdo consistía en que el se entregará en julio, antes de las elecciones del gobernador del Estado de Mécico para que su familia pudiera irse y establecerse en otro lugar sin correr riesgos.
Sentenció que lo obligó el hecho de que su familia se encontraba “dentro de esta circunstancia” por lo que tuvo que acercarse a las autoridades de la administración de Peña Nieto para que dejaran en paz a su esposa, Karime Macias, y a sus hijos.
Aseguró que el trato no se cumplió del todo, solo en lo de su familia, pues lo iban a trasladar a un penal federal.
Además, el exgobernador aseguró que cuenta con información privilegiada sobre altos funcionarios del sexenio pasado, por lo que solicitó de manera formal al fiscal General de la República que envíe un agente del Ministerio Público Federal que le tome declaración ministerial y aporte la información que tiene.
Mediante una carta, Duarte sostiene que tiene intención de proporcionar información “valiosa y detallada” de exfuncionarios que podría ser de utilidad para diversas investigaciones que realiza la Fiscalía.
Destacó que decidió lo anterior debido a que es su deber de ciudadano, y por la extorción en la que se vio afectado, pues, aseguró, se trató de "una cacería” en su contra y de “persecución inédita, linchamiento público y descomunal basado en elementos que se están cayendo".
ACV
