Inviables los convenios con ISSEMyM: Faustino de la Cruz

Toluca, Méx.- El diputado Faustino de la Cruz, integrante de la Comisión de Finanzas Públicas informó que el Grupo Parlamentario de Morena revisará a fondo la propuesta del Gobierno del Estado sobre reformas al Código Financiero, como parte del paquete fiscal 2023 para que municipios e instituciones con adeudos por cuotas y aportaciones al ISSEMyM puedan celebrar convenios a 15 años para regularizarse porque excedería facultades de ayuntamientos, además de que no es conveniente en el último año de la actual administración estatal.

“Tenemos que revisar la propuesta porque los municipios no pueden tomarse atribuciones legales de más allá de tres años, vamos a revisar hasta donde es factible y qué finalidad tiene el gobierno del estado al plantear esos convenios, que lo quieren hacer para este año para fondearse, para tener con qué jugar en el proceso electoral y eso no lo vamos a permitir, ellos ya se van”, afirmó el legislador de Morena. 

La cartera de adeudos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) es superior a los cinco mil 300 millones de pesos, y la mayor parte corresponde al CUSAEM, con más de cuatro mil millones de pesos, pero también incluye a organismos de agua y saneamiento por más de 450 millones de pesos, y los ayuntamientos con un monto superior a los 440 millones de pesos. 

“Le pediría a los municipios que sean cauteloso y que con el nuevo gobierno que se va a instaurar, un gobierno democrático se haga la reforma constitucional para que los municipios tengan el respaldo en cuanto a presupuesto y que también se impulsará la iniciativa que tenemos trabajando de que haya presupuesto participativo, para que la gente no solo vote, sino también decida cómo se invierte el gasto”, precisó. 

El diputado de la 4T reconoció que el ISSEMyM se mantiene como una institución con graves afectaciones en sus finanzas pues desde hace sexenios fue parte del saqueo al sistema de salud estatal, y que es necesario garantizar que los entes públicos paguen los adeudos por concepto de aportaciones por seguridad social a que están obligados.