‘No tiene bandera política’: Blanca Lilia Ibarra afirma que Inai destaca por su autonomía
Ciudad de México.- Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), afirmó que el órgano no tiene bandera política, por el contrario, se reafirma como una institución autónoma, comprometida con la defensa de las personas en el ejercicio de sus derechos y la construcción de una cultura de integridad en el servicio público.
“El INAI no tiene bandera política; el INAI es un organismo que basa su actuación en lo que está mandatado en la Constitución Política. En ese sentido, el INAI se asume como una institución autónoma, que posibilita la construcción de la democracia y es un instrumento del empoderamiento ciudadano”, subrayó.
Una de las funciones esenciales de este instituto, consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados, @bl_ibarra pic.twitter.com/szvG2Eh7Tz
— INAI (@INAImexico) April 5, 2022
Ibarra Cadena presentó ante presentó ante el Senado de la República el Informe de Labores del INAI 2021, en el que dio cuenta de 10 acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, promovidas contra actos de este gobierno.
“El INAI es una institución técnica, en el centro de nuestra actuación está la sociedad, están las personas. El INAI posibilita la consolidación de la democracia y es un instrumento del empoderamiento ciudadano, de que, por encima de las coyunturas y vaivenes políticos, las resoluciones siempre estén basadas en los criterios técnicos y en el principio pro persona”, aseveró.
En representación del Pleno, conformado por las comisionadas y comisionados Josefina Román Vergara, Norma Julieta del Río Venegas, Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez, Ibarra Cadena recalcó que la autonomía del INAI es un medio fundamental para la defensa de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, los cuales dan sustancia y eficacia a la democracia constitucional.
Agregó que la labor de equilibrio del Instituto resulta indispensable, porque al verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y resolver los casos en que las autoridades se rehúsan a entregar información, se constituye como una instancia del Estado mexicano que defiende a las personas y contribuye a la construcción de una cultura de integridad en el servicio público.
Los sujetos obligados de la Federación recibieron más de 43 mil solicitudes; el @Tu_IMSS, el @Infonavit y el @ISSSTE_mx fueron los sujetos obligados que recibieron la mayor cantidad, @bl_ibarra pic.twitter.com/1gLPI21utj
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Manifestó que el INAI tiene la firme convicción de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, pues solo así se logrará transitar hacia un mayor involucramiento e incidencia de todos los sectores de la población para construir soluciones más efectivas ante los complejos desafíos y escenarios que enfrentamos.
“Esta relación de confianza requiere de instituciones que respeten los principios de legalidad y máxima publicidad, y que, además, aporten elementos relevantes para justificar sus decisiones, que den certeza a la sociedad sobre el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos”, enfatizó.
Con ello, reportó que durante la pandemia aumentó 20% el número de solicitudes de información y en 19.2% las impugnaciones por insuficiencia en los datos.
#InformeINAI2021 En el INAI tenemos la firme convicción de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, pues solo así lograremos transitar hacia un mayor involucramiento e incidencia de todos los sectores de la población para construir soluciones, @bl_ibarra
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“Esto constituye una señal promisoria para el ejercicio del derecho a saber, pues muestra el creciente interés de la población para conocer más de los asuntos públicos. (…) En este contexto, en el periodo reportado, recibimos más de 17 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información”, indicó.
Ibarra Cadena señaló que, de 2003 al cierre del Informe, se tienen registradas más de 2 millones y medio de solicitudes de acceso a la información ingresadas a los sujetos obligados de la Federación, de las cuales, poco más de 285 mil corresponden al periodo reportado.
Respecto al tiempo promedio de respuesta de las solicitudes de información, este fue de sólo 13.1 días, tiempo muy por debajo del máximo de 20 días que prevé la ley.
Dijo que los rubros más consultados en las solicitudes fueron información sobre actividades de la institución con 43.4%; programas de trabajo, resultados de actividades sustantivas, la agenda de servidores públicos, entre otras, con un 18.9%; y la información sobre contratos que abarca obras públicas, bienes adquiridos, servicios contratados, bienes arrendados y licitaciones con, un 6.7%.
En materia de datos personales en el sector público, la comisionada presidenta indicó que los sujetos obligados de la Federación recibieron más de 43 mil solicitudes; la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), IMSS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Salud y el ISSSTE fueron los sujetos obligados con mayor número de solicitudes recibidas en este periodo.
“Estas cifras muestran la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la protección y adecuado tratamiento de los datos personales en un México globalizado”, recalcó.
Informó que se interpusieron casi 2 mil 500 medios de impugnación en materia de datos personales, cifra que refleja un incremento de 33.5% comparado con el periodo anterior y en el 92.8% de los casos se modificó, revocó u ordenó la entrega de la información o el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales.
#InformeINAI2021 Hoy acudimos ante ustedes a rendir cuentas del cumplimiento de nuestra función constitucional y refrendamos nuestro compromiso con la construcción de un México más transparente y con una sólida protección de sus datos personales, @bl_ibarra pic.twitter.com/2ozLYukaEL
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Por último, expuso que en el periodo se instauraron 83 procedimientos de imposición de sanciones por el presunto incumplimiento a la ley aplicable al sector privado, que representaron multas por casi 100 millones de pesos, cifra superior en 69.6% a la reportada en 2020.
También por arriba del promedio general se encuentran los órganos autónomos, con 98.1%, mientras que el Poder Ejecutivo con 96%. Y los sindicatos fue el único con resultados por debajo del promedio, pues reportó un puntaje de 85.5%.
