Organismos y dependencias de la 4T otorgan contratos directos a proveedores: Imco
Ciudad de México.- Todo indica que es una regla para la llamada “Cuarta Transformación” priorizar adjudicaciones directas de contratación con proveedores privados, por encima de la licitación pública, evidenció el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Ese aspecto es contrario a los que enfatiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha empeñado en asegurar que esas “prácticas del neoliberalismo” quedaron atrás.
Imco realizó una investigación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), en la cual advierte que esto implica mayor susceptibilidad a este mal que tanto critica el jefe del Ejecutivo federal y que representa una barrera a la competencia en las compras públicas.
De acuerdo con este centro de análisis apartidista, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S.A. de C.V, empresa del Estado, asignó 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de tres mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
Mientras que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total del año pasado.
Respecto a la Secretaría de Marina (Semar), la ONG sostuvo que no destinó recursos por licitación pública en 2020, toda vez que adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).
FUNCIÓN PÚBLICA INCUMPLE
La Secretaría de la Función Pública (SFP) que se encarga de vigilar que no haya anomalías de esta índole, destinó ocho de cada 10 pesos en procesos de compra por adjudicación directa, sólo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública, agregó el Imco.
Diconsa dio únicamente cuatro por ciento a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos, lamentó la asociación.
En su indagatoria, Imco apuntó que "la ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Las instituciones federales realizan más de 150 mil compras cada año".
Como es sabido, si no se cumplen estos criterios no se puede garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.
Con información de La Razón
IMCM
