Ciudad de México.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, presentó este jueves su propia propuesta de reforma eléctrica, coincidiendo con la iniciativa presidencial en no reconocer el autoabastecimiento fuera de la ley, otorgar el abastecimiento exclusivo de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como la ejecución de la transición energética; sin embargo, no restringe a un porcentaje la participación del sector privado.
“La generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron entregados en contra versión a lo establecido en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que constituye una ilegalidad, no será reconocida, ni adquirida por la CFE. Igualmente, la generación excedente de los productores independientes de energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida”, expone en un artículo transitorio la iniciativa.
La iniciativa presentada por el priista Marco Antonio Mendoza, igualmente propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) se reincorporé a la CFE, incluyendo sus atribuciones, al igual que lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aunque también coincide ampliamente con diversos temas de la propuesta presidencial: cancelación de contratos de autogeneración de electricidad ilegales, establece que la rectoría del sistema eléctrico queda a cargo de la CFE y señala como facultad exclusiva del Estado la explotación del litio.
El proyecto reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, estableciendo que “corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional consistente en generar, producir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para garantizar el derecho humano a la electricidad”.
Entre las nuevas propuestas, la iniciativa del PRI establece que, para la transición energética, “el Estado podrá otorgar concesiones o contratos con particulares siempre que se trátate de energías limpias, sostenibles que atientan al derecho de un medio ambiente sano y permitan garantizar el derecho humano a la energía”.
Además, incorpora en el artículo 25 que "el Estado garantizará la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos y promoverá el abasto de la misma bajo los criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad".
