Toluca.- El Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN) propuso incluir en el delito de encubrimiento la acción de alterar, destruir u ocultar datos biométricos o identificativos para obstruir investigaciones, con penas de hasta 12 años de prisión en casos de desaparición forzada.
La iniciativa de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres busca establecer sanciones de tres años por dicha conducta en general, elevándolas de cuatro a ocho años cuando se trate específicamente de desaparición de personas.
El proyecto contempla un agravante que aumenta la pena hasta en una mitad si el delito es cometido por servidores públicos de instituciones de seguridad o justicia, incluyendo su destitución e inhabilitación.
Asimismo, se pretende reformar la Ley de Víctimas del Estado de México para ampliar los derechos de los familiares, permitiéndoles conocer la verdad y recibir información sobre datos biométricos de personas desaparecidas o extraviadas.
La propuesta exige que las autoridades inicien de inmediato las diligencias de búsqueda, rescate oportuno y protección para preservar la vida e integridad de las víctimas.
También se busca garantizar el derecho de los familiares a participar activamente en el acceso a la justicia, expresar sus preocupaciones y decidir libremente su participación con información suficiente.
La legisladora subrayó la necesidad de crear marcos jurídicos sólidos para que la justicia deje de ser un laberinto ante la ineficacia del Estado que obliga a las familias a realizar tareas de investigación en riesgo.
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