Contemplan elevar jubilación a 65 años en ISSEMYM
Toluca.– La Legislatura del Estado de México analiza una reforma a la Ley del ISSEMYM que contempla elevar en tres años la edad de jubilación, hasta los 65 años, como medida inicial para fortalecer la viabilidad financiera del instituto, informó el diputado Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política.
El legislador precisó que se trata de una propuesta del Ejecutivo que aún no ha sido formalmente presentada, pero que ya es objeto de estudios técnicos y actuariales para determinar su impacto presupuestal, tanto en beneficios como en posibles afectaciones. El objetivo, explicó, es otorgar un “colchón financiero” que permita mantener la calidad del servicio sin incrementar cuotas a los trabajadores.
Vázquez Rodríguez reconoció que existen entre 20 mil y 30 mil expedientes de jubilación pendientes y subrayó que el problema va más allá de un simple ajuste aritmético, ya que involucra a derechohabientes y la capacidad operativa del instituto. En este contexto, señaló que varios municipios mantienen adeudos importantes y que la legislación actual impide su cobro cuando su endeudamiento supera el 30 por ciento del presupuesto, situación que calificó como un obstáculo serio para sanear las finanzas del ISSEMYM.
Para atender este punto, se revisa la posibilidad de condicionar la autorización de créditos a los municipios que no estén al corriente en sus aportaciones, a fin de garantizar que cumplan con sus obligaciones. “Debe quedar claro que no se puede permitir que haya financiamiento adicional si no se respetan los compromisos con el instituto”, advirtió.
El presidente de la Jucopo fue enfático al señalar que esta reforma será solo el primer paso y que se requiere una modificación integral de la ley para actualizarla a las condiciones actuales y permitir esquemas más flexibles de administración e incluso de ingeniería financiera. “No es una propuesta popular, pero es una decisión responsable que hoy nos toca asumir”, afirmó.
Respecto a la ley aprobada en 2017, Vázquez Rodríguez evitó calificarla como un error, pero admitió que los resultados no han sido los esperados y que hubo fallas en la proyección de escenarios y cálculos. Insistió en que la solución pasa por una austeridad real, sin excesos y con el gasto enfocado al beneficio directo de los derechohabientes.