Buscan cárcel de hasta 11 años por despojo en la Ciudad de México
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a los Códigos Penal y Civil, así como a la Ley Registral y la Ley del Notariado, con el objetivo de fortalecer la prevención y sanción del delito de despojo en la capital.
La propuesta busca actualizar la tipificación del despojo para incluir modalidades recientes, como el uso de violencia física o moral, la simulación de actos jurídicos, la suplantación de identidad y el uso de documentación falsa.
Además, plantea sanciones más severas cuando las víctimas sean personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, y también en casos donde participen servidores públicos, notarios o grupos organizados.
Entre las modificaciones destacan la presunción de mala fe para quienes presenten contratos o títulos sospechosos, la inversión de la carga de la prueba y la creación de mecanismos de recuperación acelerada de inmuebles, que incluirían medidas provisionales para suspender ventas o construcciones hasta determinar la legítima posesión.
Asimismo, se propone un “blindaje” del Registro Público de la Propiedad para evitar el uso de escrituras apócrifas.
Actualmente, el artículo 237 del Código Penal establece penas de cinco a diez años de prisión y de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia, engaño o usurpación. Con la reforma, las penas podrían aumentar de seis a 11 años de prisión y de 200 a mil UMA.
La iniciativa también contempla agravantes que elevarían las sanciones hasta 11 años de cárcel y 4 mil UMA en casos de:
Delitos contra adultos mayores o familiares directos.
Participación de servidores públicos o notarios.
Uso de suplantación de identidad o documentos falsos.
Despojos en áreas naturales protegidas.
Participación de grupos delictivos organizados.
Ejercicio de violencia física o psicológica durante el hecho.
Brugada afirmó que la reforma responde al deber del Estado de garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos, así como de prevenir conflictos sociales que puedan derivar en violencia.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en el delito de Despojo, actualmente existen más de 500 carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México, lo que refleja la magnitud del problema.