La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de reforma constitucional para posponer la elección de jueces y magistrados hasta junio del año 2028. La propuesta del Ejecutivo Federal también autoriza la coincidencia de las consultas de revocación de mandato con las elecciones federales o locales.
Oposición acusa fracaso del modelo
Durante la sesión, los legisladores de oposición afirmaron que la propuesta de aplazamiento confirma el fracaso de la reforma judicial original. La diputada del PAN, Cristina Márquez, anunció un voto particular en contra y describió el proyecto como el reconocimiento de un modelo fallido.
Márquez señaló que el propio documento legislativo admite deficiencias operativas graves. Entre las fallas citó la saturación logística, el aumento exponencial de casillas, la falta de difusión ciudadana y la politización de las candidaturas. Además, la legisladora criticó el uso de la insaculación, por considerarlo un mecanismo incompatible con el mérito judicial.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, advirtió que someter los cargos judiciales al voto popular destruye la independencia de los juzgadores. Ruiz Massieu afirmó que este diseño defectuoso debilita la confianza internacional en el país. Asimismo, el diputado del PRI, Alejandro Domínguez, reprochó que la nueva iniciativa mantenga la intervención de los partidos políticos y no elimine el riesgo de intromisión del crimen organizado en las postulaciones.
Morena defiende optimización técnica
En contraste, el bloque mayoritario defendió los cambios bajo el argumento de que perfeccionan el sistema de elección popular. La diputada de Morena, Julieta Vences, explicó que el traslado de los comicios hacia el año 2028 garantizará una organización técnica mucho más eficaz.
Vences precisó que la reducción en el número de candidaturas facilitará un voto más informado para la ciudadanía. También respaldó la concurrencia de los procesos electorales con la revocación de mandato con el fin de ahorrar recursos públicos.
Por su parte, la diputada de Morena y exministra, Olga Sánchez Cordero, anunció la presentación de varias reservas al dictamen. Sánchez Cordero buscará que las elecciones judiciales no coincidan con los procesos intermedios, además de revisar la renovación escalonada del Tribunal de Disciplina.
Resultados de la jornada previa
Para respaldar el proyecto, la diputada del PT, Irma Yordana Garay, recordó que cerca de 13 millones de mexicanos ya votaron por ministros, magistrados y jueces en la jornada del 1 de junio del año 2025. Garay afirmó que la nueva iniciativa optimiza la evaluación y el desempeño de los juzgadores.
La diputada del Partido Verde, Ana Quintana, coincidió en que la primera experiencia electoral reveló retos operativos. Quintana sostuvo que las modificaciones darán plena certeza y legitimidad democrática al proceso.
El presidente de la comisión, Leonel Godoy, remitió el dictamen aprobado a la presidencia de la Mesa Directiva, a cargo de Kenia López Rabadán, para iniciar su discusión en el pleno general.