Redacción
Ciudad de México.- La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México impulsará una reforma integral a la Ley de Reconstrucción Integral local. El objetivo central es subsanar los vacíos legales que permiten procesos de demolición laxos, priorizando la integridad de los trabajadores y la ciudadanía por encima de la celeridad administrativa.
Esta iniciativa surge como respuesta directa al derrumbe ocurrido el pasado 9 de marzo en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124.
Durante el proceso de desmantelamiento de dicha estructura, un colapso inesperado provocó la muerte de tres trabajadores y dejó a uno más con heridas de gravedad.
Además, las pesquisas posteriores revelaron que la compañía a cargo operaba sin un esquema de protección civil adecuado.
NUEVOS REQUISITOS INDISPENSABLES
Con base en la propuesta, presentada por los legisladores Lizzette Salgado Viramontes y Andrés Atayde Rubiolo, se pretende modificar el artículo 27 de la ley vigente para que ninguna demolición pueda iniciar sin contar con:
• Un programa de protección civil específico para el sitio.
• Un proyecto ejecutivo avalado por un Director Responsable de Obra (DRO).
• Una póliza de responsabilidad civil.
• Un plan detallado para resguardar las estructuras colindantes.
Del mismo modo, la reforma busca ampliar el alcance de la ley, que actualmente se enfoca en viviendas, para que incluya edificios de oficinas y comercios afectados por el sismo de 2017.
TRANSPARENCIA Y LÍMITES INSTITUCIONALES
Otro punto clave de la iniciativa es combatir la opacidad en los datos de la reconstrucción. Salgado Viramontes señaló que, ante la falta de estadísticas públicas precisas, se busca obligar a la Comisión para la Reconstrucción a entregar informes periódicos al Congreso sobre el estatus de los inmuebles dañados, demolidos y pendientes.
Según declaraciones de Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Vivienda de la capital del país, todavía existen 10 edificios con alto riesgo de colapso en la capital que esperan ser intervenidos.
Finalmente, el proyecto legislativo pretende acotar las funciones de la Comisión para la Reconstrucción, puesto que busca establecer mediante protocolos claros que su función sea estrictamente de coordinación y no de sustitución, evitando que invada las competencias de las alcaldías u otras dependencias locales durante los procesos de obra.
IMCM
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