Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la visita al país de Markwayne Mullin, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Este encuentro, derivado de una reciente llamada con el presidente Donald Trump, busca establecer una hoja de ruta en materia de seguridad en un momento de tensiones por el tráfico de drogas y armas.
El funcionario estadounidense llegará el próximo jueves a México y, posteriormente, el lunes 25 de mayo, arribará Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, conocida como la "zar antidrogas".
El gobierno mexicano tiene un interés particular en la gestión de Carter, debido a su enfoque en la prevención de adicciones, una estrategia que Sheinbaum considera fundamental para mitigar la violencia del narcotráfico en territorio mexicano.
La soberanía nacional como eje innegociable
A pesar de la disposición al diálogo, la postura de México es clara: la colaboración no implica la intervención de fuerzas extranjeras. La presidenta Sheinbaum enfatizó que, si bien se busca mantener la coordinación, el respeto a la jurisdicción territorial es absoluto.
Al respecto, la mandataria subrayó de manera tajante:
Nos quieren ayudar con información, bienvenidos. Pero en México tiene que operar necesariamente las instituciones mexicanas. No puede operar Estados Unidos, se llama soberanía”.
Demandas de México: Consumo de drogas y tráfico de armas
Para la administración de Sheinbaum, la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere acciones concretas por parte de Washington. La estrategia mexicana propone que Estados Unidos asuma un rol más activo en el combate a las causas estructurales y logísticas del crimen organizado.
Sheinbaum planteó los puntos críticos para el apoyo estadounidense:
¿Cuál es la mejor manera en que Estados Unidos tiene para apoyar a México? Disminuyendo el consumo, evitando que entren armas a México”.
Además de frenar el flujo de armamento, México ha solicitado combatir a los carteles que operan dentro de Estados Unidos y desarticular las redes de lavado de dinero que sustentan estas operaciones criminales.
Un contexto de tensiones binacionales
Estas reuniones ocurren en un entorno complejo, marcado por acusaciones desde Estados Unidos sobre supuestos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado. Asimismo, el reciente proceso judicial de exfuncionarios de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, entregados a las autoridades estadounidenses por cargos de narcotráfico, añade presión a la mesa de negociación.
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