Redacción
Ciudad de México.- Con una votación unánime de 109 sufragios, el pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para emitir una Ley General en materia de feminicidio.
Esta iniciativa, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como eje central modificar el artículo 73 de la Constitución para que las reglas, agravantes y castigos por este delito sean uniformes en cada estado del territorio nacional.
Una vez esta luz verde, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su votación.
PENAS SEVERAS Y PROTOCOLOS OBLIGATORIOS
La nueva legislación propuesta contempla sanciones que van de los 40 a los 70 años de prisión, además de multas económicas que podrían alcanzar los 234 mil pesos.
Entre las disposiciones más relevantes se establece que el Ministerio Público deberá investigar, desde un inicio, cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, garantizando una labor ininterrumpida a través de turnos continuos.
El marco legal definirá con claridad nueve razones de género —como antecedentes de violencia sexual o relaciones de poder— y 21 agravantes específicas. Estas últimas aplicarán cuando las víctimas sean menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios o cuando el crimen ocurra en presencia de sus hijos
COMBATE A LA DISPARIDAD Y LA IMPUNIDAD
Actualmente, la disparidad en los códigos penales de las entidades federativas ha permitido espacios de impunidad que la reforma pretende clausurar.
Legisladores destacaron que este delito ha afectado gravemente a las familias mexicanas, registrándose aproximadamente 8 mil 500 casos entre los años 2015 y 2025.
La intención es que una mujer agredida reciba la misma protección y justicia sin importar si se encuentra en Chiapas, Sonora o Michoacán.
IMCM