Ernestina Godoy hereda una FGR con recortes, rezagos y casos estancados
Por Noemí López
Ciudad de México. –Ayer, Ernestina Godoy Ramos, rindió protesta en el Senado con la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que fungía de manera interina tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero el pasado 27 de noviembre.
Godoy Ramos, quien anteriormente fue Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, fue una de las candidatas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la votación del Senado, recibió 97 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano, 19 en contra y 11 nulos.
¿QUIÉN ES LA NUEVA TITULAR DE LA FGR?
Ernestina Godoy Ramos es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con más de 25 años de carrera en el ámbito político, ha caminado con figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la actual mandataria federal.
En los años 2000 desempeñó distintos puestos dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Más adelante, en 2012, fue diputada local en la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Miembro fundador de Morena, tomó posesión en 2015 como diputada federal por el partido. En las elecciones de 2024, junto con Omar García Harfuch, fue electa senadora por la Ciudad de México, puesto por el que solicitó licencia para sumarse al gabinete de Claudia Sheinbaum.
Como legisladora, fungió como titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) desde 2018 y, posteriormente, cuando ésta tuvo una transición a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Godoy quedó al frente.
RETOS PARA GODOY FRENTE A LA FGR Y CASOS PENDIENTES
En su ratificación como titular de la FGR, Godoy Ramos reiteró que bajo su gestión no habrá impunidad. “No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo: tampoco habrá impunidad”, dijo. Sin embargo, llega en un escenario complejo para la institución.
En primera instancia, la Fiscalía tendrá un recorte presupuestal de aproximadamente 933 millones de pesos para 2026, el primero en cinco años, el cual, afectará áreas clave como la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Federal Pericial Forense.
En el aspecto técnico, Godoy tendrá que presentar su Plan de Persecución Penal, es decir, establecer las prioridades, estrategias y metas para la investigación y persecución de delitos así como la procuración de justicia.
Por otra parte, tendrá que definir el nivel de colaboración de la FGR con las fiscalías estatales, la cual, hasta ahora ha intervenido a petición expresa de la presidenta Sheinbaum. Al asumir el cargo, Ernestina Godoy aseguró que habrá una coordinación –sin subordinación– con las fiscalías, así como con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instancias de seguridad.
Al respecto, Sheinbaum aseguró que esperaba una mayor colaboración entre las instancias para garantizar la paz y lograr mayor seguridad.
En cuanto a la agenda pendiente, Godoy tendrá que trabajar en la resolución de casos como el tema del huachicol fiscal, por el que se tienen abiertas múltiples carpetas de investigación, tras detectarse en 2024–2025 de intentos de contrabando de hidrocarburos y facturación irregular para evadir impuestos. Este involucra a funcionarios públicos y personal de la Secretaría de Marina y aduanas.
Otro de los casos más emblemáticos es el de “La Estafa Maestra”, una red de factureras usadas para desviar 2 mil 950 millones de pesos del erario y en el que están involucrados exfuncionarios del gobierno. Con respecto al tema, la Fiscalía ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado como la cabecilla de la red de empresas que participaron.
El caso Ayotzinapa, también es un tema pendiente para la institución; a más de 11 años del suceso, no se ha logrado un consenso que aclare qué pasó realmente con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, así como la investigación de presuntas redes de corrupción y encubrimiento institucional.
A estos casos se suman la persecución de los delitos de alto impacto y crimen organizado considerados por especialistas y ciudadanía, el mayor problema de seguridad en el país.