Por Israel M. Campos Montes
Ciudad de México.- La extorsión en México dejó de ser un problema de seguridad para convertirse en un fenómeno económico devastador que frena la productividad nacional.
De acuerdo con Mario Salomón Pineda, country manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, este delito funciona como un "derecho de piso" que obliga a los comerciantes a elevar sus precios hasta perder competitividad o, en el peor de los casos, a cerrar sus puertas definitivamente, lo que conlleva una pérdida masiva de empleos y recaudación fiscal.
"Hay negocios que se van a la quiebra porque ya no pueden resistir ese margen; sus precios subirían de tal manera que perderían su mercado y se ven forzados a cerrar", agregó.
En entrevista con Diario de México mencionó que el impacto no se limita al sector empresarial y recordó que con base en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) 2025, el 14.1% de los hogares mexicanos ha tenido al menos a un integrante víctima de este ilícito.
“Para las familias, pagar una extorsión significa sacrificar recursos destinados a la alimentación, renta o educación, lo que genera un ciclo vicioso que deprime el consumo interno al dejar de adquirir bienes y servicios, por lo que la economía local se estanca”, subrayó el experto.
RADIOGRAFÍA: CIFRAS DE ALARMA
Datos duros oficiales confirman la magnitud del desafío. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025 sitúa a la extorsión como el segundo delito con mayor incidencia en el país.
Mientras que, en el ámbito empresarial, el panorama es aún más crítico:
Es el delito más frecuente para las unidades económicas, representando el 25.5% del total de los ilícitos cometidos.
Se estima una tasa de mil 562 extorsiones por cada 10 mil empresas.
Además, Salomón Pineda contó que en el caso del "cobro de piso" o extorsión presencial, el 67% de las víctimas termina entregando lo solicitado.
CORRUPCIÓN Y LA "CIFRA NEGRA"
Uno de los mayores obstáculos para combatir este flagelo, expresó el especialista, es la desconfianza en las instituciones públicas y es que, enfatizó, el 96.5% de las extorsiones no se denuncian, lo cual según refirió, se da porque es un fenómeno alimentado por el temor a represalias y la percepción de colusión entre delincuentes y autoridades.
“La cifra negra es de 92.5%; la gente no reporta porque sabe que los procesos son largos o por temor. Lo más importante es que a los casos que se reportan realmente se les dé el seguimiento adecuado a la investigación de manera efectiva ", mencionó.
Salomón Pineda expresó que incluso el gobierno federal reconoce la existencia de redes de corrupción dentro de los penales, donde se permite el uso de telefonía celular para coordinar estos delitos.
EL ESCENARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Focalizando los casos y a pesar del sombrío panorama nacional, Salomón Pineda comentó que en la capital del país se reportan avances en la judicialización.
Declaró que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, las autoridades capitalinas detuvieron a 335 personas vinculadas a este delito.
“Sólo en el primer trimestre de 2026, se registraron 381 casos de extorsión y 176 tentativas en la CDMX. No obstante, la estrategia nacional debe fortalecerse en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para que la investigación sea realmente efectiva y no se quede solo en el papel”, anotó Salomón Pineda.
IMCM
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