García Luna apela sentencia de 38 años en EU, argumenta violaciones al debido proceso
Por Noemí López
La defensa Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, presentó formalmente una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Estados Unidos contra la sentencia de 38 años y ocho meses de prisión que le fue impuesta tras ser hallado culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.
El recurso legal, consignado el 18 de diciembre de 2025, consta de 78 páginas y 22 apéndices con cerca de 4 mil 600 hojas, y busca que el juicio sea anulado o, en su defecto, que se ordene un nuevo proceso, bajo el argumento de que el proceso original en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York estuvo marcado por violaciones al debido proceso y otras irregularidades graves.
ARGUMENTOS DE LA DEFENSA
La apelación, encabezada por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib, se centra en varios ejes que, según la defensa, comprometen la validez del proceso en su contra. Uno de ellos son los testimonios presuntamente falsos o inconsistente pues sostienen que algunos de los testigos clave presentados por la fiscalía cometieron perjurio y ofrecieron declaraciones contradictorias no debidamente confrontadas.
Por otro lado, alegan ocultamiento de pruebas favorables a García Luna que contenían información que podría haber favorecido a su cliente, incluso, mencionan limitaciones impuestas por el juez al derecho de la defensa de interrogar plenamente a ciertos testigos.
Además, expusieron que se usaron evidencias consideradas prejuiciosas y una desproporción de la pena y la multa impuesta; los abogados también solicitaron que tanto la duración de la pena como la multa de dos millones de dólares sean revisadas por ser, a su juicio, excesivas en comparación con otros casos similares.
García Luna, quien fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), fue declarado culpable en enero de 2023 por un jurado federal en Nueva York por múltiples cargos vinculados con facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos.
Tras un juicio de aproximadamente un mes, el entonces juez Brian Cogan impuso la sentencia de casi 39 años de prisión y la mencionada multa, considerándolo responsable de colaborar con la organización criminal durante su gestión como principal funcionario de seguridad del país.