Por Noemí López
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su pesar por el asesinato de los trabajadores que fueron secuestrados en enero pasado en el estado de Sinaloa y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva que garantice justicia, además de mantener como prioridad la búsqueda de los mineros que continúan desaparecidos.
Al momento en que dieron a conocer el comunicado, representantes de la industria confirmaron el hallazgo sin vida de Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, empleados de la empresa Vizsla Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad el 23 de enero en el municipio de Concordia.
Sin embargo, más tarde se confirmó que otro de los cuerpos hallados en una fosa clandestina correspondían a un cuarto trabajador identificado como José Antonio Jiménez Nevárez de 34 años originario de Sonora, quien se desempeñaba como coordinador operativo de seguridad dentro de la empresa.
Un par de horas después, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se identificaron cinco cuerpos más, encontrados en la localidad de El Verde.
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“El sector minero nacional expresa su más profundo pésame a las familias y seres queridos de nuestros compañeros (…) quienes fueron privados de la libertad junto con otros mineros”, señaló el posicionamiento, en el que se calificó como inadmisible cualquier agresión contra la integridad de los trabajadores.
La industria demandó que las investigaciones no concluyan sin responsables sancionados.
“Reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, subrayó.
Además de exigir justicia por los homicidios, el sector minero pidió redoblar los esfuerzos para localizar con vida a los trabajadores que aún permanecen desaparecidos tras el secuestro colectivo.
El comunicado reiteró el compromiso de la industria de acompañar a las familias afectadas y de colaborar con las autoridades durante el desarrollo de las investigaciones, al tiempo que llamó a reforzar las condiciones de seguridad en las zonas de actividad extractiva y a evitar la impunidad.