Redacción
Ciudad de México.- Casi un año después de la tragedia que conmocionó a la comunidad de La Cieneguilla, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, la justicia comienza a cercar a los responsables de la muerte de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad.
Un juez vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no sólo por el homicidio de las menores, sino también por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia, incluidos dos adolescentes.
UN ATAQUE DESPROPORCIONADO
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, cuando la familia se desplazaba en una camioneta hacia una escuela local.
Al encontrarse con un bloqueo en el camino, un convoy militar compuesto por tres vehículos abrió fuego en más de cien ocasiones contra la unidad civil.
Aunque inicialmente las autoridades intentaron calificar el suceso como un "enfrentamiento", las investigaciones de la Fiscalía Especializada de Control Regional demostraron que se trató de un uso letal de la fuerza de forma injustificada y una actuación dolosa por parte de los uniformados.
DEBATE SOBRE FUERO Y MILITARIZACIÓN
El proceso ha estado marcado por la controversia jurídica. Mientras que la justicia civil avanza con lentitud, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela, una medida que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha denunciado como contraria a los estándares internacionales, que prohíben la extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Por su parte, la defensa de los militares argumentó que el grupo actuó bajo el "contexto de violencia" que impera en Sinaloa debido a la guerra entre carteles de la droga.
Sin embargo, organizaciones civiles subrayan que este caso es una muestra de los "efectos más lesivos" de la actual política de despliegue militar en el país.
La notificación de las órdenes de aprehensión ejecutadas el pasado 31 de marzo representa un paso crucial para las víctimas, quienes han denunciado un uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza.
La expectativa de los familiares y sus asesores legales es que las instituciones garanticen verdad y justicia, rompiendo con el ciclo de impunidad que suele rodear los casos de violencia cometida por agentes castrenses en México.
IMCM