Familiares de personas desaparecidas de distintos estados del país acudieron esta semana a Guadalajara, Jalisco, para someterse a pruebas genéticas que permitan confrontar su ADN con los indicios hallados en el Rancho Izaguirre, un predio señalado por las autoridades federales como un posible centro de reclutamiento vinculado al crimen organizado.
La jornada fue organizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con universidades y la Asociación de Investigadores Forenses por la Justicia de Jalisco, con el propósito de ampliar los procesos de identificación de personas desaparecidas a partir de restos, prendas y objetos localizados en el inmueble.
MADRES BUSCADORAS DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS
Entre quienes acudieron a la toma de muestras estuvo Alejandra González, madre de Francisco Javier Anguiano, desaparecido desde 2023 en Guanajuato, quien aseguró haber reconocido entre las más de mil 800 prendas aseguradas en el rancho una playera negra que, afirmó, pertenecía a su hijo.
Sin embargo, denunció que las autoridades federales le informaron que los objetos ya fueron trasladados a la Ciudad de México como parte de la carpeta de investigación, por lo que los familiares ya no tienen acceso directo a ellos.
La madre buscadora pidió que la investigación en el Rancho Izaguirre continúe con excavaciones más profundas, al considerar que el lugar no ha sido revisado exhaustivamente. Explicó que, de acuerdo con experiencias de colectivos de búsqueda, en muchos casos los restos humanos son enterrados a varios metros de profundidad y cubiertos con cal para dificultar su localización.
Otra de las asistentes, Cecilia Aguirre, relató que identificó en fotografías uno de los pantalones encontrados en el predio como una prenda de su hijo Óscar Miguel Ángel Flores, desaparecido en 2020. Aunque no ha podido corroborarlo físicamente, acudió a la toma de ADN con la esperanza de obtener algún resultado que le permita esclarecer el paradero de su familiar.
Si no lo encuentro con vida, al menos quiero sus restos”, expresó.
Las familias denunciaron además fallas en el intercambio de información genética entre fiscalías estatales, ya que en múltiples ocasiones las muestras quedan resguardadas únicamente en bases de datos locales sin ser confrontadas con registros nacionales, lo que dificulta la identificación de víctimas.
DERECHOS HUMANOS LANZA ADVERTENCIAS
En marzo pasado, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió observaciones por presuntas irregularidades en el manejo de evidencias encontradas en el Rancho Izaguirre. El organismo señaló posibles omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la preservación de la cadena de custodia de prendas y objetos asegurados.
La CNDH advirtió que dichas fallas podrían vulnerar el acceso a la justicia y el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos.
Jalisco se mantiene como la entidad con mayor número de personas desaparecidas en México. De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta marzo de este año sumaba 16 mil 79 casos, mientras que a nivel nacional la cifra rebasa las 130 mil personas desaparecidas, según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
La FGR no ha informado hasta ahora cuántas pruebas genéticas fueron tomadas durante esta segunda jornada de identificación relacionada con el Rancho Izaguirre ni el tiempo estimado para obtener resultados de las confrontas de ADN.
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