Zaldívar pide aclarar reforma de Ley de Amparo para evitar retroactividad
Por Noemí López
Ciudad de México. – En medio de una creciente polémica por las modificaciones aprobadas en el Senado para reformar la Ley de Amparo, el gobierno federal y el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, demandaron al Congreso realizar ajustes al texto normativo para disipar dudas y evitar la aplicación retroactiva de sus disposiciones.
La reforma en discusión contiene un artículo primero transitorio que permitiría aplicar nuevas disposiciones de la Ley de Amparo a casos ya en trámite, lo cual ha sido señalado como un posible quebrantamiento al principio constitucional que prohíbe que leyes perjudiquen a personas con carácter retroactivo.
Arturo Zaldívar, quien ahora funge como Coordinador General de Política y Gobierno en la administración federal, calificó como “confuso” ese transitorio y sostuvo que el Ejecutivo no avalará disposiciones contrarias a la Constitución.
Esto, debido a que en el Artículo 14 de la Constitución establece que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, por lo que, “las leyes tienen efecto hacia futuro, no hacia pasado”, explicó Zaldívar.
En conferencia matutina, refirió que “en este gobierno no se impulsan ni se avalan ni leyes ni actos contrarios a la Constitución”.
Zaldívar advirtió que el artículo transitorio vigente “no tiene la suficiente claridad” y ha generado un debate innecesario, por lo que sugirió precisar que únicamente las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma estén sujetas a las nuevas disposiciones, para evitar impactos retroactivos.
RIESGOS Y DESAFÍOS AL AMPARO Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
El debate no es meramente técnico: abogados, académicos y organizaciones sociales han alertado que una interpretación restrictiva de la nueva ley podría debilitar la función del amparo como mecanismo de defensa ante abusos de autoridad, especialmente en casos colectivos y derechos expandibles.
Además, algunos señalan que la reforma podría favorecer a intereses con capacidad para litigar prolongadamente, en detrimento de ciudadanos o grupos vulnerables con menor acceso a recursos legales.
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada el pasado miércoles en el Senado con 76 votos a favor (Morena, PVEM y PT) y 39 en contra (PAN, PRI y MC).