Ciudad de México.- La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, solicitó a un juez federal en Washington D.C. desechar de forma inmediata la acusación presentada en su contra por cargos de crimen organizado y narcotráfico, al considerar que viola el debido proceso y no debe avanzar a juicio.
En una moción de más de 30 páginas, los abogados Michael McCrum y William B. Purpura argumentaron que la acusación presentada en 2024 retoma hechos ocurridos desde 2013, lo que, a su consideración, vulnera el derecho al debido proceso, a un juicio rápido y a una defensa adecuada.
La defensa sostuvo que el gobierno estadounidense no puede presentar cargos “cuando así lo desee” y que se debe “proteger a las personas de tener que defenderse frente a acusaciones afectadas por el paso del tiempo, cuando el alcance completo de la evidencia se ha perdido”.
Cuestionan vigencia de la acusación
Los abogados señalaron que los cinco cargos formulados contra Treviño Morales se basan en hechos de hace más de una década y acusaron a la fiscalía de intentar “actualizar” conductas antiguas para mantener vigente el caso.
La defensa recordó que Treviño Morales fue detenido en México en 2013 en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición relacionada con una acusación de 2009, y que desde entonces permaneció encarcelado.
Además, destacó que, durante ese periodo en prisiones mexicanas, sus comunicaciones estuvieron presuntamente vigiladas y no existe evidencia de que continuara dirigiendo actividades delictivas.
Los abogados afirmaron que, tras revisar las pruebas entregadas por la fiscalía, no encontraron elementos que vinculen a su cliente con delitos cometidos después de su captura. En ese contexto, reiteraron que el caso tendría que ser desestimado de inmediato, pues cualquier conducta delictiva previa a 2019 ya prescribió.
Acusan expulsión irregular de México
La moción también retoma cuestionamientos sobre el traslado de Treviño Morales a Estados Unidos en febrero de 2025, el cual, según la defensa, ocurrió sin que concluyera el proceso formal de extradición iniciado años atrás.
Los abogados aseguraron que su cliente fue entregado con base en una acusación actualizada en 2024, la cual, afirman, no conocía previamente y frente a la que no pudo defenderse adecuadamente.
En el documento, la defensa calificó el traslado como una “extracción forzada extrajudicial” y sostuvo que se trató de un acuerdo entre ambos gobiernos derivado de presiones bilaterales, como la imposición de aranceles.
También señalaron que las acciones serían incompatibles con las garantías de debido proceso contempladas en la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Siguiente paso
Ahora, los fiscales estadounidenses deberán responder por escrito a los argumentos de la defensa y posteriormente esta podrá emitir un posicionamiento final; con ello, el juez Trevor McFadden tomará una determinación.
Además, sigue pendiente la resolución de otra solicitud presentada por la defensa para que la fiscalía entregue documentos relacionados con la operación de traslado de Treviño Morales y otros acusados.
El próximo 1 de mayo se realizará una audiencia en la corte federal de Washington D.C., inicialmente programada como preparación para el juicio, aunque se prevé que en ella se aborden las mociones pendientes y eventualmente el juez anuncie una decisión.
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